PEPCA pide 18 meses de prisión para 25 imputados en caso de corrupción tercera fase Senasa

 

SANTO DOMINGO. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó anoche 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para 25 arrestados en la Operación Cobra 2.0-A, puesta en marcha el viernes como parte de las líneas de investigación contra el entramado de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos por más de 15 mil millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular del Pepca, encabezó el equipo de fiscales que depositó, a las 11.55 p. m. de ayer ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en que solicita la imposición de medida de coerción contra 25 imputados de violar la ley complicidad con empleados de la administradora de riesgos de salud estatal.

Los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esthes Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

El Ministerio Público también solicita prisión contra los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

En el documento, de 525 páginas, se imputa tambíén a los señores  Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.

El órgano investigador también solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja.

La línea de investigación ha cuantificado la sustracción de un monto que supera los 40 millones de pesos.

Mirna Ortiz depositó la solicitud de medida en compañía del procurador de corte Héctor García y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.

Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.

“El Ministerio Público había advertido anteriormente que en el proceso Cobra había distintas líneas de investigación, distintas formas en las que se desfalcó dinero del Seguro Nacional de Salud”, indicó Mirna Ortiz a los periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva tras depositar la medida varias horas antes del plazo establecido por ley.

“Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”, añadió.

“Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas, médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de Senasa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, sostuvo Mirna Ortiz.

“Esperaremos ahora que el tribunal fije la audiencia y estaremos listos para conocer la medida de coerción. Hasta el momento son personas físicas. Pero, como ustedes saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando”, sostuvo.

En la Operación Cobra 2.0-A los equipos de fiscales encabezados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca practicaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

En la operación participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. En la investigación también participó la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.