Fiscal general de EE.UU. Eric Holder será acusado por desacato

Washington, 11 jun (PL) La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes anunció hoy que acusará de desacato al fiscal de Estados Unidos Eric Holder por negarse a entregar documentación sobre el caso Rápido y Furioso. La comisión tiene previsto analizar el reporte durante una audiencia el 20 de junio, reportó el diario USA Today. Rápido y Furioso fue una operación encubierta organizada por la oficina del control de armas estadounidense (ATF), la cual permitió que miles de fusiles, ametralladoras y otras armas pasaran ilegalmente la frontera con México, para rastrear su uso. El fiscal general Holder no ha cumplido con sus obligaciones legales, a pesar de que el comité lo citó formalmente a entregar todos los documentos en octubre del año pasado, explicó el representante republicano por California Darrell Issa, presidente del comité. El Congreso tiene la obligación de investigar las preguntas sin respuesta sobre los intentos por desprestigiar a informantes, sobre la negativa de las autoridades del Departamento de Justicia para ser sinceras y francas en la investigación y sobre los motivos del retraso significativo en reconocer una conducta insensata en la Operación Rápido y Furioso, agregó. Sin embargo, Holder argumenta que ha testificado ocho veces por el escandaloso operativo y que ha autorizado la entrega de siete mil 600 documentos al Capitolio. Asegura, además, haberse enterado de la operación cuando el senador republicano Charles Grassley se lo comunicó en una misiva, recordó el rotativo. Si el comité aprueba el desacato, deberá luego ser sometido a votación en el pleno de la Cámara baja, de mayoría republicana, y en el Senado, con supremacía demócrata. Una acusación de este tipo aprobada por el Congreso, además de consecuencias políticas para la administración del presidente Barack Obama, llevaría a una acusación formal contra Holder ante el Tribunal Supremo. Durante la operación encubierta, agentes de la ATF permitieron el tráfico ilegal de armas a través de la frontera entre México y Estados Unidos, las cuales fueron a manos de carteles de drogas. Dos de ellas, ocupadas en el sur de Arizona, estuvieron involucradas en el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, hecho que destapó el escándalo a principios de 2011.

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