VIENTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL TRAEN TEMPESTADES DE DEFICIT FISCAL

Como diría el adagio popular, ante la embestida del recién pasado gobierno en el uso de los recursos públicos para garantizar la continuidad del Partido oficialista en la conducción del Estado dominicano: “Chofer, a todo dar que el golpe avisa”. Y en efecto fue así, las pasadas autoridades priorizaron sus objetivos políticos de permanencia en el poder a toda costa: obviando la endeble institucionalidad del país, soslayando los escasos preceptos morales y éticos de una sociedad ultrajada, y sobre todo pasando por encima a todas las advertencias de las consecuencias nefastas para las finanzas públicas, del uso abusivo y desmedido de los recursos del Estado.

De modo que, el ciclo económico en el país quedó de nuevo sellado, con el aumento del gasto desmedido del Gobierno, sin que ningún poder extraterritorial, como el FMI, ni local, pudieran contener la avalancha del gasto público del Gobierno Central en su afán de arrollar la candidatura opositora.

Se gestaba entonces, lo que hoy no se puede ocultar: el insostenible déficit fiscal. En efecto, a tan sólo cuatro meses para concluir el cierre del ejercicio del presente año fiscal, el Gobierno dominicano tiene serios problemas en cuadrar sus cuentas y se apresta a negociar con el FMI, ante un déficit de caja, que podría dejar al país apagado, al verse amenazado el suministro de energía eléctrica, dada la insolvencia para cubrir los compromisos de la CDEEE, con suplidores y generadores.

Es así como las finanzas,  se le ha ido de las manos a las actuales autoridades, apenas iniciada la actual gestión, pues de un déficit fiscal del Gobierno Central, presupuestado en 22,443.7 millones de pesos, equivalente a un 0.94% del PIB nominal (calculado en 2,383,425.2 millones para el 2012), y de un balance primario de 33,425.6 millones, es decir el 1.4% del PIB nominal, en el devenir de estos ocho meses, el desenlace de las cuentas públicas han cogido otro derrotero, al registrarse al mes de agosto un déficit ascendente a 105,660 millones de pesos, es decir 4.4% del PIB. Esto sin contar los intereses, aun no entregados, para la recapitalización del Banco Central por 23,834.25 millones de pesos, los 1,000 millones de dólares más 600 millones de pesos, que la CDEEE adeuda a suplidores y generadores, además de los 20,000 millones de deuda al Banco de Reservas, tras la socarrona operación de factoring realizada por la troica: Gobierno Central, Banco de Reservas y Contratistas.

De modo que el déficit de caja al mes de agosto, en el orden de los 78 mil millones de pesos, equivale al monto de financiamiento presupuestado, ascendente a 78,261.9 millones, el 3.3% del PIB nominal, distribuidos en una partida de 55,818.2 millones de amortización de la deuda publica y los restantes 22,443.7 millones para el déficit fiscal. En otras palabras, el déficit primario al mes de agosto representa el 100% del déficit fiscal de todo el año 2012. En tanto, se prevé un déficit fiscal a final de año, en el orden, de 6% del PIB, es decir 143,000 millones, y un déficit primario que puede sobrepasar los 90,000 millones. 

Ante este panorama, las actuales autoridades se aprestan a firmar con el FMI, con el propósito de lograr los recursos necesarios que le permitan, primero conjurar el déficit primario del presente año, lo que evidentemente implicará una reforma fiscal coyuntural, por ahora no integral, ni sustentada en el sistema tributario progresivo, prevista en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo que, los ajustes vendrán vía impuestos indirectos, los que afectan al consumidor, a la población dominicana. Mientras el Gobierno anuncia con bombos y platillos un ajuste de la nómina que no sobrepasa los mil millones mensuales, quedando por verse las verdaderas intenciones de las autoridades, dado los compromisos con la  nomenclatura del Partido oficialista. En tanto, se aplaza la verdadera reforma tributaria, la que significa incrementar los ingresos a partir de una política tributaria progresiva, basada en el incremento de los impuestos directos, tanto al patrimonio, como al ISR, lo que evidentemente el empresariado dominicano no espera como respuesta del Gobierno, dado el financiamiento, en parte, de la campaña del entonces candidato oficialista.

Por Bernardo Hirán Sánchez M.

El autor es economista