Vence plazo pruebas caso Bahía las Águilas

SANTO DOMINGO…..La Fiscalía del Distrito Nacional dejó vencer el plazo otorgado por los jueces del Primer Tribunal Colegiado para la presentación de excepciones, orden de pruebas e incidentes en el caso Bahía de las Aguillas, donde figuran como acusados el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa y un hermano, por lo que solicita la reposición de plazo. El tribunal presidido por Gisselle Méndez Álvarez intimó a la Fiscalía, para que en un plazo

de cinco días presente las excepciones, incidentes que se fundamenten en hechos nuevos y el orden que pretenden presentar las pruebas.

La intimación fue hecha el pasado 10 de marzo.

La fiscal Yeni Berenice Reynoso    alega que el caso Bahía de las Aguilas tiene un proceso abierto en la jurisdicción inmobiliaria y que existen pruebas esenciales para el proceso penal que deben ser ofertadas al tribunal por el Ministerio Público, por lo que en vista del volumen del expediente no ha sido posible entregar las pruebas.

“Por esa imposibilidad material o causa de fuerza mayor que impide que el Ministerio Público pueda presentar su orden de pruebas y realizar los incidentes que se fundamenten en hechos nuevos, les pedimos que nos repongan el plazo sin la necesidad que haya una variación de la fecha del juicio”, solicitó.

La fiscal hace la aclaración en la instancia en virtud de que el Ministerio Público no tiene ningún interés en que se produzca un aplazamiento y por el contrario están haciendo todo lo necesario para que se conozca el juicio de fondo, seguido además a Reyna Margarita Martínez y Rafael Antonio Rodríguez.

El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito declaró el 8 de octubre de 2012 la extinción de la acción penal en el caso por prescripción, por lo que la Suprema Corte de Justicia anuló la decisión y ordenó un nuevo juicio.

La acción penal por el alegado fraude con los títulos de Bahía de las Águilas quedó extinguida por la decisión de un tribunal tras más de 15 años de proceso, y dentro de nueve días la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá un recurso de casación incoado por la Fiscalía del Distrito  contra esa sentencia.

El tribunal presidido por Sarah Veras, Ingrid Fernández y Teófilo Andújar llegó a intimar a la Fiscal  el 23 de julio pasado, a los fines de que compareciera a la audiencia el 8 de octubre pasado.

La acción pública inició el 18 de marzo de 1997, mediante la  formal querella presentada por el ex director del IAD, Winston Guerrero. Mientras que la providencia calificativa fue emitida el 17 de junio del 2003, por el segundo juzgado de la Instrucción del DN.

Dicha decisión, fue recurrida y confirmada en apelación el 15 de septiembre del 2010, apoderándose el expediente a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el 26 de enero de 2011, fijando la audiencia para el 2 de febrero de 2011.

Durante todo este proceso,  siete reenvíos se produjeron durante el juicio de fondo seguido al ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, y otras dos personas, quienes fueron favorecidos con la extinción de la acción penal, acusados de expropiación de cientos de miles de metros de terrenos en Bahía de las Águilas, por la falta de interés del ministerio público.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del DN, fijaron la primera audiencia del juicio seguido, además, a Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y Reyna Margarita Martínez, el 6 de junio de 2011, produciéndose un total de siete reenvíos, ante ausencias del fiscal.

El tribunal señala en la reciente sentencia, que desde la fecha en que se inicia la persecución penal al 8 de octubre de 2012 cuando se emite la sentencia de extinción de la acción penal, trascurrió un período de 15 años y siete meses, sin que a la fecha el ministerio público haya siquiera reformulado acusación, no obstante habérsele dado la oportunidad para ello.

El 6 de junio de 2011, el tribunal aplazó la audiencia para el 8 de agosto y el fiscal alegó que la persecución penal quien la llevaba era la Procuraduría General de la República.