Veeduría Ciudadana

Félix Bautista

La evolución constante de las sociedades hacia sistemas cada vez más democráticos ha permitido  nuevos medios que permiten una intervención directa de los ciudadanos en el proceso de supervisión y evaluación de las decisiones políticas, con la finalidad de crear ambientes participativos e incluyentes que suplan las deficiencias que los mecanismos tradicionales de canalización de las demandas sociales en gobiernos puramente representativos han venido presentando en los últimos años.

La veeduría ciudadana es uno de los mecanismos de participación que permiten a los ciudadanos erigirse en vigilantes de la gestión pública, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia al crear espacios en los que las personas pueden tener una participación activa en la dinamización de sus relaciones con el Estado.

La palabra “veeduría” deriva del termino veedor que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, se refiere a alguien que ve, mira o registra con curiosidad las acciones de los otros, que inspecciona u observa; y su origen se vincula a los tiempos de las monarquías, cuando se denominaba “veedor de vianda” a aquella persona encargada de vigilar que se sirviese sin desfalco a la mesa lo que se había ordenado.

Hoy día, la esencia de la acción del veedor sigue siendo la misma:  la vigilancia.  Desde luego, el objeto de las veedurías en la actualidad es, además de vigilar, promover el cumplimiento de  los compromisos adquiridos por el Estado con la ciudadanía,  proponiendo alternativas a la solución de problemas y el subsiguiente examen de los resultados de las actuaciones de los funcionarios e instituciones públicas y su apego a los marcos normativos y legales.

Las veedurías deben contar con un alto grado de independencia entre los veedores y aquellos que son vigilados para evitar cualquier tipo de influencia en su desarrollo, garantizando así su autonomía.

Esto implica que los ciudadanos que realizan las acciones de veeduría no deben tener conexión respecto del objeto de la vigilancia, lo que permite establecer relaciones más horizontales entre el Estado y los ciudadanos al equilibrar las relaciones de poder. Las implicaciones de la realización de veedurías, además de la protección de los derechos de la población, promueve que cada vez más actores se empoderen e involucren de manera organizada en las ejecutorias estatales, creando canales más efectivos de comunicación y diálogo entre los distintos estamentos de poder y el soberano.

También fomenta la realización de una gestión pública más eficiente y transparente que se centre en las reales necesidades de la población y con menores niveles de corrupción a través de la formulación de políticas, planes y programas públicos cuyas metas y resultados sean verificables.

El ejercicio de una veeduría efectiva demanda la materialización de  elementos claves para su eficacia:  acceso a la información pública, de forma tal que los ciudadanos dispongan de los instrumentos (disposiciones legales, procedimentales, administrativas, presupuestales, financieras, técnicas, etc.) para evaluar adecuadamente el objeto de su vigilancia y monitorear la toma de decisiones gubernamentales. Esta información debe ser oportuna y fiel a la realidad.

Otro aspecto importante es la promoción y apertura del diálogo entre ciudadanos y la administración pública, permitiendo que este ejercicio participativo se perciba como una herramienta de legitimación y no como un injerencia forzada en las actividades del gobierno.

Para lograr esto,  es necesario instruir a los ciudadanos y responsables públicos sobre la naturaleza interactiva de la veeduría y su finalidad última como un mecanismo que busca mejorar la  gestión a través de la transparencia y la corresponsabilidad ciudadana por medio de la transferencia del  poder absoluto y perpetuo que reside en el pueblo.

Es fundamental contar con un marco jurídico que permita realizar la veeduría social con directrices claras y de manera responsable. Contar con esta regulación permitirá a las personas identificar el alcance de este ejercicio de ciudadanía, sus fines y procedimientos: al tiempo que garantizaría a las autoridades públicas que su realización sea apegada a criterios de responsabilidad para evitar su uso imprudente y desbordado.

En el país no existe actualmente un marco normativo específico que regule las veedurías ciudadanas.

El Proyecto de Ley Orgánica sobre los Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social de nuestra autoría, tiene un Capítulo dedicado a las veedurías ciudadanas,  entendidas como “un mecanismo democrático de control social que permite a los ciudadanos de manera organizada, ejercer vigilancia sobre la gestión pública administrativa y sus autoridades en la observancia de los principios de eficacia, transparencia, planificación, racionalización y continuidad”.  

Se han concebido al tenor de esa propuesta, ya aprobada por el Senado de la República, con los siguientes objetivos principales: fungir como un mecanismo de control contra prácticas de corrupción en la gestión pública; velar por los intereses de la comunidad como beneficiarias de la gestión administrativa; velar por el cumplimiento de los principios que rigen la función pública; promover las relaciones horizontales entre los ciudadanos y la administración pública; promover un ejercicio público transparente, accesible y documentado y promocionar el liderazgo y la participación ciudadana.

La existencia de una legislación de esta naturaleza ayudará a eliminar los principales obstáculos con que se enfrentan los ciudadanos que desean ejercer su derecho de veedores,  como son la resistencia de las autoridades a permitir el acceso a las informaciones necesarias en el tiempo oportuno y con el detalle y la calidad requeridos; la falta de voluntad política de los funcionarios para garantizar un manejo transparente de los recursos; la coexistencia de liderazgos monopolizados e individuales; y la resistencia a los cambios y propuestas sugeridos por los  veedores.

Las veedurías ciudadanas son muy importantes en la configuración efectiva de un Estado incluyente, en el que el bienestar social y los niveles del desarrollo humano sean las metas a lograr por medio del empoderamiento y participación de la ciudadanía.

Una frase atribuida a Thomas Jefferson, 3er. presidente de los Estados Unidos, refleja la esencia de las veedurías ciudadanas: “Eterna vigilancia es el precio de la libertad”.