Los que trajeron a los haitianos

POR; HUCHI LORA 

La reciente Encuesta Nacional de Inmigrantes de la Oficina Nacional de Estadísticas establece que en el territorio dominicano viven 458,233 haitianos, cerca de medio millón en una población de casi 10 millones de habitantes.

Esa masiva presencia haitiana no va a desaparecer con la sentencia del TC, como se le ha hecho creer a mucha gente.

Por la frontera siguen entrando haitianos indocumentados, simplemente porque los dejan pasar a cambio de un pago, y muchos de los recién llegados han sido sorprendidos con cédulas falseadas, porque pueden comprar cédulas auténticas con nombres ajenos, tal y como lo puede hacer cualquier capo. Nuestros gobiernos no se han interesado en tapar ninguno de esos dos coladores.

Hay, sin embargo, otras causas más importantes de la masiva presencia de haitianos en nuestro territorio.

La intervención armada estadounidense de 1916 enganchó a Rafael Trujillo a la guardia y lo premió con rápidos ascensos por su crueldad criminal hacia los verdaderos patriotas que lucharon contra las tropas que atropellaron nuestra soberanía.

Washington acabó entregándole el poder militar y Trujillo lo usó para conquistar el poder político y el poder económico, este último comprando con recursos del Estado la mayoría de los ingenios azucareros y poniéndolos a su nombre.

Trujillo inició el negocio de traer a miles de braceros para cada zafra, pagándole al gobierno haitiano por cada uno de esos seres humanos.

Cuando el dictador ordenó el asesinato de miles de haitianos en 1937, la masacre se hizo en la frontera, pero en las zonas cañeras no le dieron ni un pellizco a bracero alguno. Aquel genocidio se zanjó con el pago de 750 mil dólares como “indemnización” al gobierno haitiano.

Después de pagar por haitianos muertos, Trujillo comenzó a pagar por haitianos vivos en el decenio de los 40. Luego formalizó un acuerdo con el presidente Paul Magloire en 1952 para que le enviara anualmente miles de braceros, pagando un precio por cabeza.

El siguiente acuerdo lo firmó con Francois Duvalier en 1959 y el tercero y último lo concertó el presidente Joaquín Balaguer en 1966 con el presidente hereditario y vitalicio Jean Claude Duvalier.

Los acuerdos fueron sustituidos por contratos anuales. Balaguer firmó con Baby Doc en 1971, 1973, 1974, 1975 y 1976, cada vez por miles de braceros y siempre pagando un precio al gobierno haitiano.

En octubre de 1978, el nuevo gobierno del PRD que presidió Antonio Guzmán negoció y firmó un acuerdo con Duvalier y otro más en diciembre de 1979, el primero por 15 mil trabajadores y el segundo por 14 mil.

Ambos fueron firmados a nombre del Estado dominicano por el secretario sin cartera Dr. Milton Ray Guevara, hoy presidente del Tribunal Constitucional. Por Haití firmaron Hubert Deronceray, ministro de Asuntos Sociales, y Fritz Cineas, embajador.

El gobierno dominicano pagó cada año un millón 225 mil dólares al gobierno haitiano por esos braceros, aparte de otras partidas menores, siguiendo las mismas condiciones que negociaba Balaguer.

El gobierno de Salvador Jorge Blanco firmó con Duvalier en 1982 por 19 mil braceros y el número siguió anualmente en aumento.

Año por año, durante décadas, el gobierno dominicano los compraba y el gobierno haitiano los vendía, mientras Puerto Príncipe sacaba ganancias políticas alentando el anti-dominicanismo y Santo Domingo hacía otro tanto con el anti-haitianismo.

Cada contrato establecía que al final de la zafra, el CEA debía regresar a esos haitianos a su país, pero eso nunca se cumplió, pues irresponsablemente se ahorraban los recursos necesarios para concentrarlos, alojarlos, alimentarlos y transportarlos.

En ejercicio de su concepción del nacionalismo y la soberanía, cada uno de esos gobiernos dominicanos aceptó que el gobierno haitiano estableciera en nuestro territorio hasta 90 miembros del Voluntariado de la Defensa Nacional de Haití, mejor conocidos como los ton ton macoutes, para espiar a los trabajadores. Agentes extranjeros en suelo dominicano, autorizados por nuestras autoridades.

Cuando la “capitalización” de los ingenios acabó con la industria azucarera estatal, la mano de obra haitiana inundó muchas otras actividades productivas.

El Estado, en lugar de poner controles, también aprovechó para traer más haitianos. El gobierno de Joaquín Balaguer los trajo en los 90 para hacer las zanjas del acueducto de Santo Domingo. Otras zanjas, las del Metro, llevaron a la administración de Leonel Fernández a traer más haitianos.

Hoy resulta difícil calificar como “extranjeros en tránsito” a trabajadores que pasan años cortando caña o haciendo zanjas, contratados por el mismo Estado, que si no los repatrió ni los documentó, ha sido culpa de las mismas autoridades.

El sector privado ha traído una cantidad de haitianos similar a la importada por los gobiernos del país. Los gobiernos que de verdad quieren controlar el flujo migratorio, hacen caer el peso legal de la responsabilidad en quienes contratan indocumentados, pero como el nuestro compite en ese negocio, no tiene autoridad para regularlo.

Es más fácil optar por una campaña de falso nacionalismo para defender una política que viola derechos fundamentales y que al mismo tiempo no constituye solución ninguna a la cuantiosa presencia haitiana.