PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO El territorio y su planificación

Félix Bautista

El territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado. Se integra con los espacios físico y aéreo y el mar territorial, dentro de los límites establecidos en tratados internacionales. 

El suelo, es uno de los componentes esenciales del territorio. En su espacio físico confluyen muchos elementos e intereses que demandan de una política integral vinculada a la coordinación de la planificación del desarrollo. 

El ordenamiento del territorio desde sus inicios, se ha asociado a políticas ambientales, urbanísticas y gestiones de descentralización.

Hoy día se concibe como un instrumento esencial de comportamiento científico, ejecutado como política pública, con múltiples enfoques (político, técnico y administrativo) y cuyo propósito fundamental es organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, procurando la equidad social y económica.

Ángel Massiris Cabeza, Doctor en Geografía, es un investigador colombiano experto en políticas y estrategias de ordenamiento y desarrollo territorial en América Latina y en la formulación de planes municipales de desarrollo,

En uno de sus investigaciones, titulada “Ordenación del Territorio en América Latina”, publicada por el departamento de Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el experto afirma que planificar el uso del territorio es un tema en “proceso de construcción” que siempre debe ser concebido a largo plazo y acorde a las expectativas y aspiraciones de la población y a los objetivos y metas de desarrollo.

Massiris, en estudios relacionados con políticas de ordenamiento territorial formuladas en países como Alemania Francia, España, Venezuela, Bolivia, Honduras, El Salvador y su natal Colombia, establece que todos estos procesos de planificación reflejan aristas comunes: son procesos planificados, multidimensionales coordinados, prospectivos y democráticos.

El ordenamiento territorial (OT), es un proceso planificado porque se diseña y ejecuta mediante planes, programas y acciones, revisables y flexibles, de modo que puedan reformularse cuando sea necesario.  De igual modo, tiene que haber una continuidad en el tiempo de modo que puedan ejecutarse en el horizonte de tiempo para el cual fueron diseñadas.

En este orden, para Massiris, la ruta metodológica de un proceso de ordenamiento territorial sería, primero, el Diagnóstico Territorial, que integre el levantamiento y análisis de los objetivos, proyectos, metas y líneas de acción, sectoriales o generales, coherentes con la visión de desarrollo del Estado. Estas informaciones sirven de base al diseño y elaboración de modelos territoriales futuros (Prospectiva Territorial), los cuales son, a su vez, el punto de partida para la formulación, discusión y aprobación del plan (Planificación Territorial) y su ejecución (Gestión Territorial).

El carácter multidimensional de los planes de OT se configura con el involucramiento armonioso de objetivos de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, en los distintos niveles políticos y administrativos de la división territorial.

El carácter prospectivo se evidencia en la construcción de escenarios futuros, concebidos a horizontes a largo plazo, generalmente entre 15 y 30 años.

En cuanto a la coordinación, este proceso debe darse bajo tres modalidades: vertical, horizontal y temporal.  Massiris Cabeza, considera esta fase como el enfoque esencial de los procesos de OT y la explica: “La coordinación vertical hace referencia a la acción concurrente y armónica entre los distintos niveles territoriales que tienen jurisdicción administrativa sobre el territorio.

La coordinación horizontal, se refiere a la concurrencia y armonía de las distintas políticas sectoriales que se desarrollan en el territorio. La coordinación temporal, tiene que ver con la continuidad en el tiempo de la política ordenadora aunque cambien los gobiernos, de modo que la construcción de los escenarios prospectivos o futuros sea posible.”

Por último, la participación ciudadana es lo que establece el carácter democrático de los planes de OT y los legitima socialmente. Además, viabiliza el proceso de las políticas de ordenamiento y su ejecución al ser discutidas y consensuadas por los distintos grupos sociales.

La planificación territorial en la República Dominicana tiene rango constitucional y legal. 

El capítulo II de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, END 2030, define los ejes transversales que deben impactar todas las políticas públicas orientadas a los objetivos de desarrollo programados.

En este sentido, el Art.14 plantea lo siguiente: “En el diseño y gestión de las políticas públicas deberá incorporarse la dimensión de la cohesión territorial y asegurar la necesaria coordinación y articulación entre dichas políticas, a fin de promover un desarrollo territorial más equilibrado mediante la dotación de infraestructura, servicios y capacidades necesarias para impulsar el desarrollo de las regiones y los municipios menos prósperos y promocionar estrategias regionales de desarrollo y competitividad que aprovechen la diversidad regional, con el concurso de los gobiernos locales y actores sociales, económicos y políticos de cada región”.

El proceso de OT en el país, tiene muchos obstáculos que deberán ser superados con líneas de acción programáticas, así como también importantes retos y desafíos que exigen esfuerzos compartidos y responsabilidades definidas.

Un documento temático sobre desarrollo territorial elaborado por el MEPyD y el CONARE como insumo para la elaboración de la Ley 1-12 sobre la  END 2030, presenta las siguientes problemáticas a resolverse en los procesos de OT: El país no cuenta con el marco regulatorio que establezca y unifique el uso de los suelos y su vocación de desarrollo, lo cual genera, entre otras cosas, el aprovechamiento incorrecto de los recursos naturales y el crecimiento sectorial en perjuicio de la planificación integral; La dispersión y falta de control en  el asentamiento de grupos humanos, especialmente en las zonas de alto riesgo y vulnerabilidad, como las orillas y laderas de los ríos; 

El crecimiento del sector turismo ha generado la explotación de recursos naturales que han alterado ecosistemas y hábitats de zonas protegidas; Los altos flujos migratorios que se han concentrado en el casco urbano o en zonas turísticas, sin control y sin las normas correspondientes; 

La fragmentación a nivel político-administrativo que ha sufrido el Estado dominicano en las últimas décadas, con la creación de nuevas divisiones territoriales; La planificación territorial en cuanto al proceso de regionalización única, lo cual impide la generación de las estadísticas regionales confiables para la planificación cohesionada del territorio.

Ordenar el territorio como base del desarrollo sostenible es una tarea impostergable. Pasemos de la fase burocrática a la ejecución. Sólo así avanzamos.