CULTURA DE LA IMPUNIDAD

Por Roberto Rosado

Tomar lo que no es suyo es ya un fenómeno común en nuestra sociedad y en nuestra historia.  Esta actitud la legalizaron los Españoles a su llegada al Continente en 1492 cuando se declararon dueños de unos territorios que ninguno de sus habitantes le  regaló, le arrendó o le vendió. Fue tan grande la estafa que a Guanhani le cambiaron su nombre original por el de San Salvador, a Cuba por el de Juana, esposa del rey Felipe, el hermoso y, a la Isla de Haití, hoy República Dominicana y República de Haití, le pusieron La Hispaniola. Con que derecho…?

Los Piratas Corsarios, en la segunda mitad del siglo XVI, vinieron a la Isla, en labor de saqueo, llevando en sus embarcaciones la identificación principalmente de Francia, denotando con ello que  el saqueo era iniciativa de ellos y sus aliados y que el robo tiene un componente Estatal.

Las Devastaciones de 1605 y 1606, allanaron el camino para que Francia ocupara parte del territorio desocupado, hoy Haití, e impusiera su modelo esclavista de producción haciendo más difícil la vida de sus habitantes originales y los traídos por ellos.

Esto significa mucho. El poder Feudal se impuso por la fuerza despojando a sus habitantes hasta del  derecho a la vida sometiéndolos a una espantosa esclavitud y a las formas más atroces de maltratos físicos y emocionales.

La  cultura de la imposición que iniciaron los españoles y siguieron los Franceses,  ha seguido intacta solo cambiando la manera de hacerlo y, apropiarse de lo que no es suyo se ha convertido en actividad del diario vivir.

Las leyes creadas para perseguir a los que se apropian de los recursos asignados  a las instituciones del Estado, parecen no existir y los mecanismos creados para su aplicación parecen no conocerlas.

Esta circunstancia declara a un reconocido delinquidor como inocente y a un trabajador asiduo, reconocido por todo el pueblo por su trabajo, como culpable. La justicia no se da por enterada. Solo se le aplica  a los débiles que no tienen dolientes ni padrinos.

Así las cosas quien delinque es el honorable y puede exhibir sus riquezas hasta con ironía, ocupar los puestos públicos con altanería, decidir con su influencia lo que se debe hacer en cada circunstancia, no pagar impuestos, cruzar la luz roja de los semáforos, romper los letreros que los condenan o rechazan su accionar, no pagar los servicios públicos, andar sin placa o usar una oficial, exhibir armas de todo calibre, instalar su propia línea telefónica tomada de los vecinos, depredar el bosque, secar los ríos, entre otras tantas barbaridades bajo la mirada indiferente de los que tienen la obligación, de acuerdo con la constitución y las leyes, de someterle a la obediencia y hacer que pague por el problema que le causa a la sociedad.

Los medios informativos, radiales y escritos, recogen en sus páginas estos comportamientos, los dan a conocer cada día sin que se observe ninguna iniciativa institucional y estatal para que este mal se corrija.

La inseguridad se ha apoderado de una gran parte de la población. El temor a perder lo conseguido por el trabajo hace que la gente se ausente de las actividades cotidianas dejando los lugares públicos, ya sea de esparcimiento  o cultural, con las sillas vacías.

La sociedad se le ha dejado a los nuevos portentosos que cobijados en su fortuna y la imposibilidad de que se le aplique justicia, asumen el control de todo cuanto se realiza en las comunidades por apartada que esta sea.

Esta situación solo es posible revertirla uniendo voluntades para crear un escenario distinto al que vivimos hoy en donde las leyes se le aplique a todo quien la violente sin importar apellido, nivel económico, raza o religión y las instancias que dirigen el Estado desempeñen el rol para el cual fueron creadas y sus incumbentes asuman el puesto no como patrimonio personal sino para servir a la sociedad específicamente el radio de acción de su mandato o dominio.

Así planteado y concebido, el Estado, las instituciones gubernamentales, las organizaciones políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas  deberán  unirse en el propósito de crear una nación digna donde todos podamos disfrutar lo que trabajamos sin el temor de perderlo por la cada vez más creciente inseguridad e impunidad.

 Roberto Rosado Fernández

Profesor UASD, San Juan de la Maguana