Corte confirma prisión preventiva a tres oficiales del Caso Coral 5G
Santo Domingo, RD------La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a tres oficiales imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G.
La Tercera
Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener la prisión
preventiva al general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), al mayor José Manuel
Rosario Pirón (PN) y al coronel (FARD) Yeudy Blandeamil Guzmán Alcántara.
Los jueces
Pedro Sánchez Rivera, presidente; Daniel Julio Nolasco y July Tamariz
decidieron mantener la medida luego de rechazar la petición de las defensas de
los encartados y acatar el pedimento del Ministerio Público.
El tribunal de
alzada desestimó los recursos en virtud de que no han variado las
circunstancias que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva como
medida de coerción, la que calificaron de idónea y proporcional en función de
la complejidad de los hechos.
También
consideraron la causa probable que han arrojado evidencias razonables sobre la
eventual vinculación de las personas en proceso de investigación, así como la
naturaleza de las imputaciones y el posible grado de lesividad a resarcir,
tratándose de acciones que conciernen al interés general y al orden público.
El equipo que
representó al Ministerio Público también estuvo integrado por Nancy Guerrero,
María Melenciano, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
El pasado 14
de febrero el tribunal acogió la solicitud que le hizo el Ministerio Público y
dispuso la fusión de los expedientes para conocerlo en la misma audiencia, la
cual fue aplazada para este lunes 28 de febrero, cuyo fallo fue dado a conocer
pasadas las 9:30 de la noche.
La Oficina
Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en
diciembre pasado medidas de coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público
a la red de corrupción administrativa del caso Coral 5G y declaró el proceso de
tramitación compleja.
La prisión
preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes
Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), mientras que en otra
audiencia recibió la misma medida el general Julio Camilo De los Santos Viola
(FARD).
Por su
vinculación al caso también cumple prisión preventiva el capitán de navío
Franklin Antonio Mata Flores (ARD).
En tanto que
arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda
Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, el primer teniente Jehohanan Lucía
Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel
Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez
(ERD) le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal
ordenó que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
En el
transcurso de las investigaciones contra los integrantes del entramado de
corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de
bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros
elementos probatorios.
La red de
corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos
4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso
de las pesquisas.
El Ministerio
Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de
evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.
A los
oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones
unas 125 propiedades.
Camacho
“Nosotros
construimos procesos con rigor científico; nosotros construimos procesos con
los más altos estándares de calidad, y esos procesos son capaces de soportar
cualquier embate de cualquiera de las defensas”, afirmó el titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson
Camacho luego de la medida.
Sostuvo que en
esta apelación la defensa de los imputados no presentó al tribunal ninguna
razón para variar la prisión preventiva. “No se le presentó ningún motivo que
fuera suficiente como para que el tribunal anulara la decisión que conoció esta
medida de coerción”.
Enfatizó en
que “fue una decisión, incluso, bastante amplia en la que la juzgadora detalló
las razones individuales por la que se impusieron las medidas de coerción; una
decisión correcta y en consecuencia en esa dirección decidió la corte y es una
decisión que a nuestro juicio es apegada a derecho”.
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