Ministerio de Economía y Egehid encabezan acuerdo para impulsar ordenamiento territorial de San Cristóbal

San Cristobal-----La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Ministerio de Economía y Planificación (MEPyD), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), la Alcandía de San Cristóbal y las juntas distritales de Hatillo y Hato Damas suscribieron un convenio mediante el cual se comprometieron a formular un plan de ordenamiento territorial en estas localidades, en base a sus características particulares de cada una.

El acuerdo fue firmado por el administrador de EGEHID, Rafael Salazar; el titular del MEPyD, Pavel Isa Contreras; la directora del CEPAE, Carmen María Pérez Sánchez; el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, así como los directores de Hatillo y Hato Damas, Esperanza Ramírez y Daniela Alcántara Castillo, respectivamente.

El convenio tiene como objetivo establecer las referencias normativas que permitan a los gobiernos locales de las citadas demarcaciones, ejercer sus facultades para ordenar los asentamientos humanos en su territorio.

También formular y administrar la determinación de las áreas que integran y delimitan la zonificación urbana, a través de la aplicación de las disposiciones específicas, tomando en cuenta factores de riesgo y consideraciones de cambio climático, para ponerlas en marcha.

Mediante el acuerdo, y de conformidad con su Programa de Responsabilidad Social en las provincias donde están los complejos hidroeléctricos, la EGEHID se comprometió a aportar, para fines de gastos propios del proceso la suma de US$208,000.00) o su equivalente en pesos dominicanos, para ser administrados por el CEPAE en estas tareas.

En el marco de la firma del acuerdo, EGEHID entregó un avance equivalente al 30% del valor total. El resto de los pagos se harán por cubicaciones de los trabajos.

Las obligaciones de los firmantes

Para la consecución de los objetivos indicados, el CEPAE se comprometió a aportar toda su experiencia social, comunitaria y de manejo de procesos colectivos de crecimiento ciudadano.

Además, plantear la prospectiva territorial, mediante las cuales se definan la visión del plan, sus objetivos y lineamientos, las alternativas de zonificación y el modelo de ocupación coherentes con la visión de desarrollo establecida en los Planes Municipales de Desarrollo.

Entre otros aspectos, realizar la cartografía georreferenciada y base de información geográfica necesaria, que servirá para una adecuada clasificación y calificación del suelo en el territorio de cada gobierno local, tales como huella urbana, red vial, espacios públicos y áreas verdes, áreas productivas, servicios e infraestructura, entre otros que puedan surgir de los estudios del territorio.

En tanto que el MEPYD, como órgano rector, se comprometió a intervenir como veedor institucional de todo el proceso descrito en este acuerdo, además de revisor último de los productos y subproductos entregados por CEPAE.

De igual forma se compromete a apoyar los procesos de participación, incluyendo los aspectos logísticos de la organización de los foros previstos en la metodología y plan de trabajo, y la identificación de personas y colectivos invitados a formar parte de dichos foros.

Mientras que los gobiernos locales se comprometieron a asumir la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial resultante de la ejecución de este convenio.

También se comprometen a ejercer sus respectivos liderazgos institucionales en todo el proceso, así como la orientación estratégica del proyecto.

El acuerdo establece la conformación de una comisión de veedores, la cual está integrada por Pura Casilla, gobernadora de la provincia de San Cristóbal; Gustavo Lara Salazar, senador, y José Francisco Martich, en representación del Plan Estratégico de San Cristóbal.

Los veedores se encargarán de dar seguimiento y velar por la consecución de las iniciativas y objetivos enmarcados en el acuerdo, tendrán un papel activo y podrán celebrar periódicamente reuniones que permitan diseñar, evaluar y dar seguimiento a las líneas programáticas derivadas del pacto.

El acuerdo tendrá una vigencia de diez meses, contados a partir de la fecha de suscripción, el cual podrá ser prorrogado por igual cantidad de tiempo siempre que se verifique el cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidos.