Ministerio de Economía y Egehid encabezan acuerdo para impulsar ordenamiento territorial de San Cristóbal

San Cristobal-----La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Ministerio de Economía y Planificación (MEPyD), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), la Alcandía de San Cristóbal y las juntas distritales de Hatillo y Hato Damas suscribieron un convenio mediante el cual se comprometieron a formular un plan de ordenamiento territorial en estas localidades, en base a sus características particulares de cada una.
El acuerdo fue firmado por
el administrador de EGEHID, Rafael Salazar; el titular del MEPyD, Pavel Isa
Contreras; la directora del CEPAE, Carmen María Pérez Sánchez; el alcalde de
San Cristóbal, Nelson de la Rosa, así como los directores de Hatillo y Hato
Damas, Esperanza Ramírez y Daniela Alcántara Castillo, respectivamente.
El convenio tiene como
objetivo establecer las referencias normativas que permitan a los gobiernos
locales de las citadas demarcaciones, ejercer sus facultades para ordenar los
asentamientos humanos en su territorio.
También formular y
administrar la determinación de las áreas que integran y delimitan la
zonificación urbana, a través de la aplicación de las disposiciones
específicas, tomando en cuenta factores de riesgo y consideraciones de cambio
climático, para ponerlas en marcha.
Mediante el acuerdo, y de
conformidad con su Programa de Responsabilidad Social en las provincias donde
están los complejos hidroeléctricos, la EGEHID se comprometió a aportar, para
fines de gastos propios del proceso la suma de US$208,000.00) o su equivalente
en pesos dominicanos, para ser administrados por el CEPAE en estas tareas.
En el marco de la firma del
acuerdo, EGEHID entregó un avance equivalente al 30% del valor total. El resto
de los pagos se harán por cubicaciones de los trabajos.
Las obligaciones de los
firmantes
Para la consecución de los
objetivos indicados, el CEPAE se comprometió a aportar toda su experiencia
social, comunitaria y de manejo de procesos colectivos de crecimiento
ciudadano.
Además, plantear la
prospectiva territorial, mediante las cuales se definan la visión del plan, sus
objetivos y lineamientos, las alternativas de zonificación y el modelo de
ocupación coherentes con la visión de desarrollo establecida en los Planes
Municipales de Desarrollo.
Entre otros aspectos,
realizar la cartografía georreferenciada y base de información geográfica
necesaria, que servirá para una adecuada clasificación y calificación del suelo
en el territorio de cada gobierno local, tales como huella urbana, red vial, espacios
públicos y áreas verdes, áreas productivas, servicios e infraestructura, entre
otros que puedan surgir de los estudios del territorio.
En tanto que el MEPYD, como
órgano rector, se comprometió a intervenir como veedor institucional de todo el
proceso descrito en este acuerdo, además de revisor último de los productos y
subproductos entregados por CEPAE.
De igual forma se compromete
a apoyar los procesos de participación, incluyendo los aspectos logísticos de
la organización de los foros previstos en la metodología y plan de trabajo, y
la identificación de personas y colectivos invitados a formar parte de dichos
foros.
Mientras que los gobiernos
locales se comprometieron a asumir la implementación del Plan de Ordenamiento
Territorial resultante de la ejecución de este convenio.
También se comprometen a
ejercer sus respectivos liderazgos institucionales en todo el proceso, así como
la orientación estratégica del proyecto.
El acuerdo establece la
conformación de una comisión de veedores, la cual está integrada por Pura
Casilla, gobernadora de la provincia de San Cristóbal; Gustavo Lara Salazar,
senador, y José Francisco Martich, en representación del Plan Estratégico de San
Cristóbal.
Los veedores se encargarán
de dar seguimiento y velar por la consecución de las iniciativas y objetivos
enmarcados en el acuerdo, tendrán un papel activo y podrán celebrar
periódicamente reuniones que permitan diseñar, evaluar y dar seguimiento a las
líneas programáticas derivadas del pacto.
El acuerdo tendrá una
vigencia de diez meses, contados a partir de la fecha de suscripción, el cual
podrá ser prorrogado por igual cantidad de tiempo siempre que se verifique el
cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidos.
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