Exigen explicación por detenciones injustas en NJ y PR

WASHINGTON- Los congresistas Adriano Espaillat y Pablo José Hernández exigieron respuestas sobre la justificación legal y detenciones injustas en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en nueva Jersey y Puyerto Rico,
Espaillat, presidente del
Caucus Hispano del Congreso (CHC), y Hernández, comisionado residente de Puerto
Rico y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes,
enviaron una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, y al director interino del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los instaron a que investiguen la
conducta de sus agentes en esos operativos.
«PROFUNDA PREOCUPACION»
“Les escribimos para
expresar nuestra profunda preocupación por los recientes operativos del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en
Nueva Jersey y Puerto Rico», explican en la misiva.
Citan que «los informes de
los medios de comunicación en ambas regiones destacan la acción imprudente de
los agentes del ICE, que ha causado una angustia considerable en las
comunidades.
Estas acciones han infundido
de manera alarmante miedo entre los residentes, han perturbado las actividades
comerciales y han suscitado graves preocupaciones sobre el comportamiento de
las agencias federales y la preservación de los derechos al debido proceso”.
DOMINICANOS DETENIDOS EN PR
Durante el fin de semana,
varios medios de comunicación informaron que agentes del ICE detuvieron al
menos a tres personas de origen dominicano en el Barrio Obrero de Santurce, en
San Juan, Puerto Rico.
Según informes de los
medios, testigos presenciales observaron a los agentes interrogando a personas
en vecindarios con una importante población dominicana para verificar su
estatus migratorio.
En un incidente separado el
23 de enero, agentes del ICE allanaron un pequeño negocio en Newark, Nueva
Jersey, y detuvieron a un veterano militar puertorriqueño sin una orden
judicial, incluso cuando mostró una tarjeta de identificación de veterano válida
a las autoridades.
Espaillat y Hernández
enfatizaron que «estas acciones no solo generan preocupaciones sobre derechos
fundamentales, sino que también infunden miedo y desconfianza en las
comunidades».
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