Estancamiento del salario mínimo en el sector público, una deuda social de 25 años

Por Luis Holguin Veras
Es imperativo que se
implementen políticas salariales más equitativas que permitan dignificar el
trabajo de los empleados públicos y garantizar su bienestar. La lucha por un
salario justo no es solo un reclamo económico, sino una demanda por la justicia
social y la equidad laboral en la República Dominicana.
El salario mínimo en la
República Dominicana ha sido objeto de múltiples reajustes en el sector
privado, mientras que en el sector público su crecimiento ha sido
considerablemente más lento. A lo largo del período 2000-2025, los servidores
públicos han visto cómo sus salarios mínimos aumentaban en menor proporción que
los del sector privado, generando una marcada desigualdad que afecta su calidad
de vida y su poder adquisitivo.
Desde el año 2000 hasta el
2025, el salario mínimo en el sector público ha aumentado un 567%, mientras que
en el sector privado las alzas han oscilado entre un 734% y un 1,014%,
dependiendo de la categoría salarial establecida por la Comisión Nacional de
Salarios.
El salario mínimo en el
sector público ha experimentado solo ocho aumentos en los últimos 25 años, lo
que significa un reajuste promedio cada 3 años y 1 mes. Estos aumentos han sido
tardíos y, en la mayoría de los casos, insuficientes para compensar el impacto
inflacionario.
En contraste, el sector
privado ha registrado trece aumentos en el mismo período, con ajustes cada 1
año y 11 meses en promedio. Esta mayor frecuencia ha permitido que los salarios
mínimos privados se ajusten de manera más acorde al costo de vida.
Existen varios factores que
han contribuido al rezago del salario mínimo en el sector público:
Ausencia de un mecanismo
automático de actualización: A diferencia del sector privado, donde la Comisión
Nacional de Salarios revisa periódicamente las tarifas salariales, el sector
público carece de una normativa que obligue a ajustes periódicos.
Desconexión con el costo de
vida: Mientras que los salarios mínimos privados han seguido un ritmo de
crecimiento que, aunque insuficiente, se mantiene en revisión constante, los
servidores públicos han quedado rezagados.
Oportunidades
desaprovechadas: La Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 105-13 sobre
Regulación Salarial del Estado pudieron haber sido instrumentos para establecer
criterios de ajuste periódicos, pero no contemplan mecanismos efectivos para la
actualización del salario mínimo.
El impacto de esta política
salarial afecta no solo a los servidores públicos sino también a la calidad del
servicio que brindan. Algunas de las principales consecuencias son:
Desmotivación y baja
productividad: Los trabajadores del sector público enfrentan una constante
pérdida de poder adquisitivo, lo que incide en su desempeño.
Éxodo de talento: La falta
de incentivos salariales provoca que muchos profesionales opten por migrar al
sector privado en busca de mejores condiciones económicas.
Afectación de la calidad de
vida: La brecha salarial impacta directamente en la capacidad de los servidores
públicos para cubrir necesidades básicas como salud, vivienda y educación.
Propuestas para una Reforma
Salarial Justa
Ante este panorama, el
Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) ha planteado
la necesidad de establecer un mecanismo de ajustes escalonados que garantice
aumentos periódicos alineados con la inflación y el costo de vida.
Medidas Claves para la
Solución
Incorporación de una
cláusula de reajuste salarial en la Ley 41-08 para garantizar revisiones
periódicas.
Indexación del salario
mínimo del sector público basada en indicadores económicos como el IPC (Índice
de Precios al Consumidor).
Aproximación progresiva al
salario mínimo del Quintil 1 para reducir la brecha con el sector privado.
El estancamiento del salario
mínimo en el sector público representa una deuda social que el Estado tiene con
sus servidores. Es imperativo que se implementen políticas salariales más
equitativas que permitan dignificar el trabajo de los empleados públicos y
garantizar su bienestar. La lucha por un salario justo no es solo un reclamo
económico, sino una demanda por la justicia social y la equidad laboral en la
República Dominicana.
Necesidad de un aumento del
salario mínimo del sector público.
El Ministro de
Administración Pública ha dicho públicamente que el Gobierno analiza la
posibilidad de aumentar un 15 % al sueldo mínimo del sector público, lo que
implicaría que este se elevaría de RD$10,000.00 que es su monto actual a
RD$11,500.00.
El Movimiento por las
Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) ha dicho que este incremento es
una burla, ya que este no cubre ni siquiera el Costo de la Canasta Básica
Familiar en el Quintil 1, correspondiente a la pobreza extrema.
Aumentar sólo RD$1,500.00
luego de seis años sin aplicar ningún aumento al sueldo mínimo del sector
público es empobrecer a los servidores públicos de menores ingresos y
obligarlos a buscar otras formas de ingresos para cubrir mínimamente los gastos
de su familia.
El MOPESEP considera que el
presidente Luis Abinader debe aprobar una serie de aumentos escalonados del
sueldo mínimo del sector público hasta alcanzar el monto del Quintil 1, que en
febrero del 2025 fue de RD$27,903.50.
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