Estancamiento del salario mínimo en el sector público, una deuda social de 25 años

 

Por  Luis Holguin Veras

 

Es imperativo que se implementen políticas salariales más equitativas que permitan dignificar el trabajo de los empleados públicos y garantizar su bienestar. La lucha por un salario justo no es solo un reclamo económico, sino una demanda por la justicia social y la equidad laboral en la República Dominicana.

El salario mínimo en la República Dominicana ha sido objeto de múltiples reajustes en el sector privado, mientras que en el sector público su crecimiento ha sido considerablemente más lento. A lo largo del período 2000-2025, los servidores públicos han visto cómo sus salarios mínimos aumentaban en menor proporción que los del sector privado, generando una marcada desigualdad que afecta su calidad de vida y su poder adquisitivo.

Desde el año 2000 hasta el 2025, el salario mínimo en el sector público ha aumentado un 567%, mientras que en el sector privado las alzas han oscilado entre un 734% y un 1,014%, dependiendo de la categoría salarial establecida por la Comisión Nacional de Salarios.

El salario mínimo en el sector público ha experimentado solo ocho aumentos en los últimos 25 años, lo que significa un reajuste promedio cada 3 años y 1 mes. Estos aumentos han sido tardíos y, en la mayoría de los casos, insuficientes para compensar el impacto inflacionario.

En contraste, el sector privado ha registrado trece aumentos en el mismo período, con ajustes cada 1 año y 11 meses en promedio. Esta mayor frecuencia ha permitido que los salarios mínimos privados se ajusten de manera más acorde al costo de vida.

Existen varios factores que han contribuido al rezago del salario mínimo en el sector público:

Ausencia de un mecanismo automático de actualización: A diferencia del sector privado, donde la Comisión Nacional de Salarios revisa periódicamente las tarifas salariales, el sector público carece de una normativa que obligue a ajustes periódicos.

Desconexión con el costo de vida: Mientras que los salarios mínimos privados han seguido un ritmo de crecimiento que, aunque insuficiente, se mantiene en revisión constante, los servidores públicos han quedado rezagados.

Oportunidades desaprovechadas: La Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado pudieron haber sido instrumentos para establecer criterios de ajuste periódicos, pero no contemplan mecanismos efectivos para la actualización del salario mínimo.

El impacto de esta política salarial afecta no solo a los servidores públicos sino también a la calidad del servicio que brindan. Algunas de las principales consecuencias son:

Desmotivación y baja productividad: Los trabajadores del sector público enfrentan una constante pérdida de poder adquisitivo, lo que incide en su desempeño.

Éxodo de talento: La falta de incentivos salariales provoca que muchos profesionales opten por migrar al sector privado en busca de mejores condiciones económicas.

Afectación de la calidad de vida: La brecha salarial impacta directamente en la capacidad de los servidores públicos para cubrir necesidades básicas como salud, vivienda y educación.

Propuestas para una Reforma Salarial Justa

Ante este panorama, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) ha planteado la necesidad de establecer un mecanismo de ajustes escalonados que garantice aumentos periódicos alineados con la inflación y el costo de vida.

Medidas Claves para la Solución

Incorporación de una cláusula de reajuste salarial en la Ley 41-08 para garantizar revisiones periódicas.

Indexación del salario mínimo del sector público basada en indicadores económicos como el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Aproximación progresiva al salario mínimo del Quintil 1 para reducir la brecha con el sector privado.

El estancamiento del salario mínimo en el sector público representa una deuda social que el Estado tiene con sus servidores. Es imperativo que se implementen políticas salariales más equitativas que permitan dignificar el trabajo de los empleados públicos y garantizar su bienestar. La lucha por un salario justo no es solo un reclamo económico, sino una demanda por la justicia social y la equidad laboral en la República Dominicana.

Necesidad de un aumento del salario mínimo del sector público.

El Ministro de Administración Pública ha dicho públicamente que el Gobierno analiza la posibilidad de aumentar un 15 % al sueldo mínimo del sector público, lo que implicaría que este se elevaría de RD$10,000.00 que es su monto actual a RD$11,500.00.

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) ha dicho que este incremento es una burla, ya que este no cubre ni siquiera el Costo de la Canasta Básica Familiar en el Quintil 1, correspondiente a la pobreza extrema.

Aumentar sólo RD$1,500.00 luego de seis años sin aplicar ningún aumento al sueldo mínimo del sector público es empobrecer a los servidores públicos de menores ingresos y obligarlos a buscar otras formas de ingresos para cubrir mínimamente los gastos de su familia.

El MOPESEP considera que el presidente Luis Abinader debe aprobar una serie de aumentos escalonados del sueldo mínimo del sector público hasta alcanzar el monto del Quintil 1, que en febrero del 2025 fue de RD$27,903.50.