Tribunal Federal de Brasil condena diputada a 10 años de carcel
Dictada por la primera sala
del STF, la sentencia también afecta al pirata cibernético Walter Delgatti,
penado a ocho años y tres meses de cárcel.
Los cuatro ministros coincidieron con el voto del ponente, el ministro Alexandre de Moraes, a favor del correctivo.
El viernes, la corte ya
tenía mayoría para condenar a Zambelli y Delgatti.
Las investigaciones
concluyeron que Delgatti fue responsable de hackear el sistema interno del CNJ,
en noviembre de 2022.
El 4 de enero de 2023, el
fisgón informático insertó documentos falsos en el sistema. Entre ellos, una
orden de prisión contra el ministro De Moraes, firmada por el propio juez.
Detenido, Delgatti confesó
los crímenes: piratería de los sistemas, inserción de una orden inexistente de
arresto y violación simulada de la confidencialidad de las cuentas del
ministro.
Él compartió la
responsabilidad con Zambelli y afirmó que la diputada le pagó 40 mil reales (un
poco más de siete mil dólares) por los servicios.
Según el hacker, fue la
parlamentaria quien escribió la orden contra De Moraes.
En enero, la fiscalía
general solicitó al STF la condena de ambos por los delitos de piratería
informática y falsedad ideológica.
La primera infracción
conlleva una pena de hasta cuatro años de prisión. Para la segunda, el Código
Penal prevé hasta cinco calendarios tras barrotes.
Para el fiscal general Paulo
Gonet, el objetivo era «crear un ambiente de desmoralización de la Justicia
brasileña, para obtener ventaja política, proponiendo, desde el principio, la
invasión de un dispositivo informático, participando activamente en la producción
de un orden judicial ideológicamente falso».
Gonet destacó en la denuncia
que el propio Delgatti confesó las invasiones, las cuales también quedaron
demostradas mediante análisis periciales.
El Ministerio Público
Federal cita un informe de la Policía Federal que corroboró que el hacker
«trabajaba para la imputada (Zambelli), y cabe destacar que tenía acceso a
información a sitios web y servidores asociados a la parlamentaria».
La acusación asegura que el
pago fue oculto, es decir, escondido, en un intento de encubrir la relación, y
realizado a través de un tercero: Jean Hernani, un empleado de la oficina de
Zambelli, el cual no fue acusado en el caso.
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