Tribunal en Brasil condena a mas de 30 personas por intento golpista y terrorismo
Brasilia, 7 jun (Prensa Latina)----El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, emitió condena contra más de 30 personas acusadas de terrorismo, asi como de intento de golpismos el pasado años para tratar de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Lula Da Silva
La condena del Supremo
Tribunal Federal (STF) imputada a otras 31 personas por su participación en los
episodios golpistas del 8 de enero de 2023 descolló en Brasil en semana que
termina hoy.
En esa fecha, marcada en
negro en la historia nacional, manifestantes radicales adeptos del exmandatario
Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y desvalijaron las sedes capitalinas
del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial.
Con las acciones, los
calificados de terroristas intentaban revertir los resultados de las elecciones
presidenciales de 2022 ganadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con la decisión
del Supremo, 28 de los condenados recibieron una pena de un año de detención,
conmutada por restricción de derechos.
Mientras que los tres
restantes fueron sentenciados a dos años y cinco meses en régimen semiabierto,
debido al incumplimiento de medidas cautelares previas.
El relator del caso,
ministro Alexandre de Moraes, sostuvo en su voto que los acusados formaban
parte de un grupo que tenía como objetivo derrocar al Gobierno democráticamente
electo, constituyendo un crimen de autoría colectiva.
Tal posición fue respaldada
de forma unánime por los demás magistrados.
La Fiscalía General
argumentó que los procesados actuaron de manera coordinada, promoviendo
acciones ilegales desde un campamento frente a cuarteles del Ejército.
Todo con el fin de alentar a
otros a cometer delitos, generar hostilidad entre las Fuerzas Armadas y las
instituciones republicanas, y fomentar una narrativa de fraude electoral.
Aunque las defensas
insistieron en que los implicados participaron de manera pacífica y sin
capacidad real para realizar un golpe de Estado, la corte consideró que los
hechos y mensajes difundidos en redes sociales evidenciaban la intención de
tomar el poder y bloquear el funcionamiento normal de las instituciones.
Junto con la pena de
detención y la restricción de derechos, todos los sentenciados deberán sufragar
una multa por el delito de incitación al crimen, por instigar a los militares a
actuar contra el orden constitucional.
También fueron condenados al
pago solidario de una indemnización de cinco millones de reales (cerca de 900
mil dólares) por daños causados al patrimonio público.
De Moraes subrayó que más de
500 personas implicadas en hechos similares firmaron acuerdos de no persecución
penal tras confesar su participación.
En cambio, los ahora
condenados rechazaron el ofrecimiento, lo que llevó a la continuación del
proceso penal.
Una vez que se agoten las
instancias de apelación, los involucrados dejarán de ser considerados como reos
primarios (personas sin antecedentes penales), lo cual puede tener
repercusiones legales en el futuro.
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