En Brasil juez dispone congelar bienes hijo de Bolsonaro

 

Brasilia, 22 jul (Prensa Latina) El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes ordenó la congelación de todos los bienes muebles e inmuebles, y cuentas del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se confirmó hoy.

Según la televisora CNN Brasil, la decisión confidencial se emitió el sábado dentro del marco de la investigación sobre las actividades del congresista en Estados Unidos.

Hasta la fecha, el parlamentario tiene prohibido recibir o enviar dinero, y su salario en la Cámara de Diputados será retenido de su cuenta. Residente en Estados Unidos, el legislador tuvo licencia de mandato por 120 días, que finalizó este domingo.

El político viajó a la nación norteña para estrechar lazos con la administración del presidente Donald Trump, quien representa a la extrema derecha de su país. La finalidad del descendiente de Bolsonaro es promover sanciones contra Brasil.

Este mes, Trump envió una carta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anunció un aumento del 50 por ciento en los aranceles a las exportaciones nacionales. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió una investigación comercial contra el gigante sudamericano.

Al respecto, Lula declaró que Brasil responderá a Estados Unidos con la Ley de Reciprocidad Económica, la cual establece criterios para suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

La tensión entre Brasil y Estados Unidos por eventuales gravámenes punitivos impuestos por Trump refuerza el respaldo a Lula, según reveló una última encuesta del Instituto Quaest.

El sondeo indicó que el 72 por ciento de los brasileños considera equivocada la postura del estadounidense, quien argumenta que Brasil estaría persiguiendo a Bolsonaro padre (2019-2023), investigado por presunto intento de golpe de Estado.

La medida de Trump de imponer un aumento de tarifa a las mercancías brasileñas fue fuertemente criticada por el Gobierno de Lula, que considera la acción una represalia política, motivada por las críticas del norteamericano al Supremo y su defensa de Bolsonaro.