Abogado militar del comando sur de Estados Unidos duda sobre legalidad de operaciones militar

Caracas.- Paul Meagher, el principal abogado militar del Comando Sur de EE.UU., habría expresado sus dudas sobre la legalidad de las operaciones que ha llevado a cabo esa unidad contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre.

El jurista, que se desempeña como juez abogado general principal de las Fuerzas de Abogados del Estado Mayor General (JAG), rechazó la tesis del Gobierno del presidente, Donald Trump, según la cual los ataques cumplen con el derecho estadounidense e internacional.

El abogado planteó sus preocupaciones en agosto pasado, antes de que comenzaran los bombardeos. No obstante, sus alegatos fueron desestimados según seis fuentes, entre altos funcionarios, asesores del Congreso y otros exservidores públicos, citados por NBC News.

El medio recoge que otros abogados civiles y militares de distinto rango también expresaron sus preocupaciones sobre esas operaciones letales, incluidos funcionarios del Departamento de Defensa.

Meagher manifestó sus inquietudes porque los ataques contra personas en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental pudiesen constituir ejecuciones extrajudiciales, lo que podría exponer a consecuencias legales a los miembros del servicio involucrados en los operativos.

La opinión del principal asesor jurídico de un comando militar suele ser crucial para determinar si la operación se lleva a cabo o no, aunque los altos mandos pueden rechazarlas.

Conflicto armado como excusa

Desde el Pentágono se ha negado categóricamente que ninguno de sus juristas haya expresado ese tipo de preocupaciones. Su portavoz principal, Sean Parnell, afirmó: "(Todos los abogados) saben que actuamos dentro del marco legal".

Sin embargo, el Congreso no ha declarado la guerra ni ha autorizado el uso de la fuerza militar contra los narcotraficantes.

Además, la ley de ese país solo permite al presidente emprender acciones bélicas sin aval parlamentario, solo si existe una emergencia nacional debido a un ataque directo contra la nación o las fuerzas estadounidenses.

"No existe ningún mundo donde esto sea legal", dijo un actual miembro del Cuerpo de Abogados Militares (JAG) bajo anonimato.

A este panorama de dudas se suma un hecho: el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, anunció su renuncia para el próximo mes, por lo que ha dejado el cargo en menos de un año.

La agresión de EE.UU.

Desde agosto, EE.UU. mantiene desplegada una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, justificando estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico.

En este período, los militares estadounidenses han llevado a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, lo que ha dejado un saldo mortal de al menos 80 personas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aseverado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra su país buscan forzar un "cambio de Gobierno" y apropiarse de la "inmensa riqueza petrolera" de la nación suramericana.

Parnell aseguró que esas operaciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, una justificación que aduce la Administración Trump. Según esa argumentación, el país se encuentra en 'guerra' con los cárteles de la droga, después de que designara a algunas de esas organizaciones criminales como supuestas organizaciones terroristas extranjeras.

"La verdad es que Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva de petróleo y la cuarta reserva de gas del mundo", denunció el dignatario.

Mientras, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que los recursos de su país siguen siendo un punto de interés para Occidente, lo que los convierte en un "gran peligro" y en un objetivo para fuerzas externas que buscan ejercer control bélico.

 A ese respecto, afirmó que existe dentro de la nación una "clase antipolítica, fascista, extremista", que ha prometido entregar esos recursos a "centros de poder en Washington y sus Gobiernos aliados".

De otra parte, informes de organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) descartan que Venezuela sea un punto caliente para la producción o el tráfico de sustancias ilegales con destino a territorio estadounidense, ya que más de 80 % de los estupefacientes que llegan al país del norte usan la ruta del Pacífico.

La postura de Caracas ha encontrado respaldo en la comunidad internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que las acciones de EE.UU. contra Venezuela "no conducirán a nada bueno".

Al calificar como inaceptables las interceptaciones de naves sin "juicio ni proceso", Lavrov señaló que "así actúan los países fuera de la ley". El canciller advirtió que esa política de la Administración Trump "no mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional".