La minería dominicana y la confianza como política de Estado

Martín E. Valerio Jiminián

La República Dominicana enfrenta un momento crucial para definir la calidad de su desarrollo. El crecimiento económico ha sido constante, pero la sostenibilidad de ese crecimiento depende de algo más que cifras: depende de confianza, de gobernanza y de la capacidad de construir instituciones que equilibren la rentabilidad con el bien común.

La minería, muchas veces observada con distancia, ya no es un actor silencioso. Hoy representa una de las columnas más estables de la economía dominicana y un ejemplo de cómo el sector privado puede asumir responsabilidades públicas. El país necesita confianza como política de Estado. Y el sector minero ya la está practicando.

Durante décadas, el debate sobre la minería estuvo atrapado entre extremos: la defensa incondicional y la desconfianza absoluta. Sin embargo, el tiempo y los hechos han demostrado que la minería moderna no se define por la extracción, sino por la gestión del conocimiento, la tecnología y la disciplina financiera.

Hoy, las empresas mineras dominicanas operan con estándares globales de cumplimiento ambiental, transparencia fiscal y compromiso social.

Cada peso invertido en el subsuelo genera infraestructura, empleo formal y encadenamientos productivos en la superficie.

Esa es la diferencia entre una industria extractiva y una industria del conocimiento. Y esa diferencia tiene un nombre: gobernanza propositiva. Hablar de confianza no es un ejercicio de retórica. Es un principio económico.

 La inversión —local o extranjera— solo florece donde hay estabilidad jurídica y reglas claras. Por eso, la discusión sobre una nueva ley minera no puede reducirse a procedimientos o licencias, sino a una arquitectura de confianza pública. Una ley moderna debe equilibrar cuatro pilares esenciales: seguridad jurídica, estabilidad tributaria, innovación y responsabilidad ambiental.

Seguridad jurídica

Los recursos naturales pertenecen a la Nación, pero su aprovechamiento requiere de un marco legal predecible. Esa previsibilidad es la que permite que la minería contribuya de manera sostenida al PIB, a las exportaciones y a la estabilidad cambiaria. Sin seguridad jurídica, la inversión se paraliza y la confianza se erosiona.

Estabilidad tributaria

El régimen fiscal es el corazón de la confianza. La minería es una industria de largo plazo: antes de producir beneficios, invierte años y miles de millones en estudios, infraestructura y capital humano.

Por eso, la estabilidad tributaria no es un privilegio, es un pacto de responsabilidad mutua. El Estado necesita previsibilidad para planificar sus ingresos, y las empresas necesitan estabilidad para reinvertir. Cuando ambas partes cumplen, la confianza se transforma en crecimiento.

Las empresas mineras dominicanas no piden excepciones. Han demostrado que pueden ser fiscalmente responsables y financieramente disciplinadas. No es que aportan al fisco; es que honran a su socio, el Estado, pagando con puntualidad y transparencia los tributos que corresponden. Esa relación es más que económica: es moral.

Innovación y flexibilidad

La minería del siglo XXI ya no es solo ingeniería pesada. Es una industria que digitaliza operaciones, reduce su huella de carbono, optimiza el uso del agua, genera conocimiento, además del impacto positivo por la transferencia de conocimientos que sucede cuando exponemos a nuestros profesionales y técnicos a tecnología de punta.

La flexibilidad regulatoria no implica debilidad del Estado, sino inteligencia institucional para acompañar la innovación. Cada mejora tecnológica en una mina dominicana multiplica la productividad y reduce riesgos ambientales.

Responsabilidad ambiental y social

El desarrollo sostenible no se mide por discursos, sino por prácticas. Las minas dominicanas operan con programas de cierre progresivo, monitoreo ambiental y participación comunitaria.

Esa responsabilidad social se traduce en confianza territorial: las comunidades confían porque ven resultados tangibles —empleos, caminos, formación técnica, salud—. La minería responsable ya es parte del tejido productivo local.

En una economía global incierta, la confianza se ha convertido en el activo más valioso. Los países que logran estabilidad política, certeza jurídica y responsabilidad fiscal son los que atraen inversión sostenible. La República Dominicana ha demostrado que puede mantener estabilidad macroeconómica, pero ahora necesita fortalecer su estabilidad institucional.

La minería puede ser uno de los motores más estables para esa consolidación. No porque genere ingresos extraordinarios, sino porque representa una cultura de planificación, cumplimiento y largo plazo. El sector minero entiende la disciplina fiscal no como una carga, sino como una virtud. La confianza del inversor nace donde el Estado cumple y el sector privado honra sus compromisos.

La confianza no es una palabra en la ley: es una práctica cotidiana.

En provincias como Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y Maimón, la minería ha transformado la infraestructura local, ha financiado centros educativos, apoyado microempresas y contribuido al desarrollo de proveedores locales. Cada operación minera responsable se convierte en un laboratorio de innovación social. Esa es la nueva minería dominicana: la que genera prosperidad compartida sin renunciar a la sostenibilidad.

La legitimidad no se hereda: se construye. Y la minería dominicana la está construyendo con hechos verificables, con disciplina económica y con respeto al Estado.

Su legitimidad institucional proviene del cumplimiento; su legitimidad jurídica, del respeto a las reglas; y su legitimidad moral, de entender que el desarrollo no se mide solo en cifras, sino en confianza.

Por eso, la minería dominicana debe ser vista no como un sector que pide, sino como un sector que propone, actúa y honra sus compromisos. La estabilidad tributaria, la seguridad jurídica y la innovación responsable no son reclamos gremiales: son políticas de Estado que fortalecen la República.

El país que garantice confianza será el país que atraiga inversión, genere empleo y reduzca desigualdades. Esa es la base sólida y justa sobre la cual debe seguir creciendo la República Dominicana.

La minería ya está haciendo su parte. Es hora de que el resto de las instituciones hagan la suya.