La minería: mandato constitucional y motor del desarrollo sostenible nacional

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPERD)

La minería no es una actividad circunstancial ni marginal; es un mandato constitucional y una columna del modelo de desarrollo nacional. La Constitución de 2010 no deja lugar a dudas: los recursos naturales forman parte del patrimonio de la Nación y su aprovechamiento debe realizarse con racionalidad, sostenibilidad y transparencia.

El artículo 14 establece que los recursos naturales del territorio nacional —incluidos el subsuelo y los yacimientos mineros— son de dominio inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado.

El artículo 17 complementa este principio al disponer que su explotación solo puede efectuarse mediante concesiones o contratos otorgados conforme a la ley. Estos artículos consagran un régimen público donde el Estado no es un mero espectador, sino propietario, administrador y garante del interés nacional.

En este marco, la minería dominicana no opera al margen del Estado, sino dentro de un sistema jurídico que equilibra derecho público, iniciativa privada y función social de la economía (artículo 50). Ese equilibrio es el que convierte la riqueza del subsuelo en bienestar tangible para las comunidades y el país.

El artículo 40.15 de la Carta Magna dispone que toda actuación estatal se rija por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En el ámbito minero, esto se traduce en la búsqueda de un balance entre regulación, protección ambiental y seguridad jurídica.

Solo a través de ese equilibrio se construye credibilidad, el recurso más valioso de cualquier sector económico. Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay progreso sostenible.

Esa confianza vuelve a consolidarse. En los primeros siete meses de 2025, la minería dominicana creció 5 %, revirtiendo la caída del –12.5 % registrada en 2024. Solo en julio, el crecimiento interanual fue de 21 %, una de las tasas más altas desde 2021.

Estos resultados confirman que el país puede producir desarrollo sin comprometer sus principios ambientales ni su institucionalidad.

Los artículos 66 y 67 de la Constitución conforman lo que podemos denominar un bloque constitucional de sostenibilidad minera, al reconocer el derecho colectivo a un medio ambiente sano y el deber de restaurar los ecosistemas degradados.

Este marco obliga tanto al Estado como a las empresas a operar con responsabilidad, trazabilidad y tecnología limpia, garantizando que cada proyecto deje una huella positiva en el territorio: mejores carreteras, escuelas, oportunidades laborales y comunidades más resilientes.

Hoy, la minería moderna ya no se mide solo por cuánto extrae, sino por cómo lo hace y a quién beneficia. El reto no es extraer más, sino hacerlo mejor.

Más allá de la extracción, la minería moderna es una industria de valor agregado, con capacidad para dinamizar sectores completos de la economía dominicana.

Cada operación minera activa cadenas productivas que incluyen transportes, metalmecánica, manufactura, energía, puertos, tecnología, servicios ambientales, seguridad industrial y un creciente universo de MYPYMES locales.

En los últimos años, más del 70% de las compras de las principales empresas mineras se ha realizado a suplidores dominicanos, movilizando miles de millones de pesos en bienes y servicios nacionales. Esto convierte a la minería en una de las pocas actividades con un efecto multiplicador.

La minería también fortalece la capacidad fiscal del Estado. Regalías, Impuesto Sobre la Renta (ISR), anticipos, retenciones y la participación municipal han crecido de forma sostenida, financiando carreteras, hospitales y programas sociales en provincias que históricamente enfrentaban barreras de desarrollo. Esto flujo fiscal expresa con claridad el mandato de los articulos 14, 16, 17 y 50: los recursos naturales son patrimonio público y su aprovechamiento debe traducirse en bienestar colectivo.

El impacto económico del sector, por tanto, va mucho más allá de los montos de exportación: representa un modelo basado en productividad, formalización laboral, inversión extranjera directa responsable y fortalecimiento institucional.

Es un sector que combina rentabilidad empresarial con beneficio público y que demuesta que el subsuelo dominicano puede ser una palanca de bienestar si se gestionó con reglas claras, tecnología y responsabilidad.

El mandato constitucional es claro: los artículos 16 y 17 obligan al Estado a promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional.

Ese mandato se materializa en lo que hoy denominamos el pacto social minero: un compromiso compartido entre Estado, empresas y comunidades para transformar la riqueza del subsuelo en bienestar visible en la superficie.

Cada proyecto minero responsable representa una oportunidad para convertir comunidades rurales en polos de desarrollo, con empleos dignos, infraestructura moderna y servicios sostenibles.

El desarrollo minero no debe entenderse como una confrontación de intereses, sino como un ejercicio de corresponsabilidad nacional. No se trata solo de extraer minerales, sino de extraer progreso, con equidad territorial y beneficios concretos para las generaciones presentes y futuras.

El debate sobre la nueva ley minera no es un obstáculo: es una oportunidad para actualizar el mandato constitucional con instrumentos modernos que fortalezcan la seguridad jurídica, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia institucional. Una legislación clara y predecible consolidará un clima de confianza entre Estado, empresas y comunidades, y permitirá que la minería siga siendo un eje estratégico del desarrollo nacional.

La minería no contradice la Constitución: emerge de ella. Cuando el Estado regula con equilibrio, las empresas actúan con propósito y las comunidades participan activamente, se cumple la esencia del texto constitucional: un desarrollo humano sostenible, basado en la confianza, la legalidad y la buena gestión de nuestra riqueza natural.

La República Dominicana no tiene que elegir entre desarrollo y medio ambiente. Puede, y debe, hacerlo bien: con instituciones sólidas, reglas claras y una minería que deje huellas de progreso, no de conflicto.