Fuerza del Pueblo denuncia presunta venta de permisos en medio ambiente
En una rueda de prensa
ofrecida por la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, su
titular, Paino Abreu Collado, se refirió al tema luego de las declaraciones
sobre las licencias del ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez.
Abreu Collado consideró que el
Ministerio de Medio Ambiente no posee la capacidad para otorgar 6,000 licencias
en tan solo 11 meses, mientras que señaló al ministro como responsable de un
modelo de gestión ambiental “peligrosamente distorsionado”, basado en cifras
inconsistentes y decisiones que podrían estar vulnerando los principios
fundamentales de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“En una reciente comparecencia
el ministro de Medio Ambiente, licenciado Paíno Henríquez, se refirió a varios
aspectos de la gestión ambiental del gobierno, en gran parte mostrando
ignorancia sobre los temas tratados y ofreciendo datos inexactos e informaciones
indemostrables”, dijo Abreu al leer el documento de prensa.
Ante esto, destacó la
posibilidad de que en la institución opere un mercado para la venta de permisos
ambientales, y que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el
Reglamento de Autorizaciones Ambientales.
"Se habla de agentes que
canalizan la obtención de estos permisos a quienes pagan montos extras por
fuera", manifestó.
La Secretaría de Medio
Ambiente del partido hizo un llamado a la Oficina de Ética Pública e Integridad
Gubernamental (Oeig), para que intervenga e investigue lo que esté ocurriendo
las autorizaciones ambientales.
Apuntó que la aplicación
rigurosa del sistema de permisos y licencias ambientales es lo que permite
prevenir, controlar, y mitigar los posibles impactos ambientales de proyectos,
industrias e infraestructuras.
"Las autorizaciones
ambientales no se dan a la carrera, aprobando proyectos que podrían tener
potenciales impactos negativos. En ninguna gestión ambiental anterior se habían
desvirtuado de forma tan grosera los mandatos de la Constitución y las leyes
respecto a la protección, conservación y cuidado del medio ambiente",
expresó Paino Abreu.
Además, la organización
política recomendó a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría forense
para determinar si se está cumpliendo con los mandatos reglamentarios de la Ley
64-00 que mide los sistemas y modos de impacto ambiental en el país.
La Fuerza del Pueblo también
denunció un “abandono institucional” de las áreas protegidas y el deterioro en
las condiciones laborales de los guardaparques, acusando que muchos de ellos no
trabajan en el terreno y que en realidad figuran en la nómina como “botellas”.
“Históricamente existía
personal entrenado, equipado y con supervisión estructurada desde el
Ministerio, mientras que en la actualidad muchos de los llamados guardaparques
no operan realmente en el territorio, son botellas que cobran en sus casas. Los
que sí lo hacen, carecen de los recursos básicos y están muy mal pagados. En la
actualidad los guardaparques carecen de identidad, de mística y de autoridad”,
sostuvo Paino Abreu.
Según la denuncia, esto ha
debilitado la capacidad de vigilancia, conservación y respuesta en los
ecosistemas protegidos, afectando funciones esenciales para la biodiversidad y
el equilibrio ecológico nacional.

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