Responsabilidad estatal, dirección de la protesta y la solicitud de declarar "No gratos" a todos los sanjuaneros que no estén en contra del proyecto minero en San Juan de la Maguana

 

El debate suscitado por el proyecto minero en San Juan de la Maguana ha puesto de manifiesto tensiones profundas entre desarrollo económico, protección ambiental y responsabilidad política. En este contexto, resulta imprescindible preguntarse con rigor hacia quién debe dirigirse la protesta social.

Con frecuencia, la oposición pública se concentra en la empresa concesionaria, como si esta fuese la instancia decisoria principal. Sin embargo, en un Estado organizado jurídicamente, las empresas no actúan de manera independiente, sino bajo el marco de autorizaciones, licencias y políticas públicas definidas por el Estado. En consecuencia, la ejecución de un proyecto minero responde, en última instancia, a decisiones adoptadas por las autoridades gubernamentales.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad política recae sobre quienes tienen la facultad de aprobar, supervisar o detener dichas iniciativas: el Poder Ejecutivo, encabezado por el Dr. Luis Abinader, en su calidad de presidente de todos los dominicanos, así como los distintos órganos del Estado facultados para participar en la toma de decisiones como la que es objeto del presente escrito.

Por tanto, si la ciudadanía considera que el proyecto afecta el interés colectivo, resulta coherente que sus mecanismos de protesta —incluida la huelga— se orienten hacia estos actores institucionales.

En este mismo orden de ideas, resulta preocupante la propuesta de declarar “no gratos” a los ciudadanos de San Juan de la Maguana que apoyen o no se opongan al proyecto minero.

Tal planteamiento, además de carecer de fundamento jurídico y democrático —pues colisiona con principios como la igualdad ante la ley y la libertad de opinión consagrados en la Constitución dominicana—, desvía el foco de la discusión al señalar a individuos que no ostentan capacidad decisoria real en la aprobación o ejecución del proyecto.

Esta forma de estigmatización social, muchas veces impulsada desde consignas simplificadas o “letras amarillas” cargadas de emotividad, pero vacías de precisión institucional, no solo fragmenta a la comunidad, sino que también soslaya los verdaderos estamentos hacia los cuales deben dirigirse las protestas, las potestades ciudadanas y cualquier solicitud formal de responsabilidad política. En lugar de fortalecer la causa, este tipo de iniciativas diluye su legitimidad y distrae la atención de los actores institucionales que, en efecto, tienen en sus manos la conducción del proceso.

En contraste, dirigir la inconformidad hacia ciudadanos comunes de la provincia carece de fundamento democrático. La población local no constituye un sujeto decisor en este proceso, sino más bien un conjunto diverso de individuos que pueden tener posiciones distintas frente al proyecto. Señalamientos indiscriminados, como declaratorias de “no grato”, no solo resultan injustos, sino que debilitan la cohesión social y desvían la atención del verdadero núcleo del debate.

Un movimiento social eficaz requiere claridad en la identificación de responsabilidades. La dispersión del reclamo o su direccionamiento hacia actores equivocados reduce su legitimidad y eficacia. En cambio, cuando la crítica y la protesta se formulan con precisión y se dirigen a las instancias competentes, contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad y de la cultura democrática.

Ahora bien, tampoco puede ignorarse que el problema trasciende a un solo actor o coyuntura. La relación entre Estado, intereses económicos y sociedad civil suele estar marcada por tensiones, negociaciones y, en ocasiones, por percepciones de opacidad.

De ahí la importancia de exigir transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana informada en procesos que comprometen recursos naturales y el bienestar colectivo.

En definitiva, el caso del proyecto minero en San Juan de la Maguana invita a una reflexión más amplia sobre el ejercicio del poder y la responsabilidad ciudadana.

Criticar con firmeza es legítimo; hacerlo con precisión es indispensable. Solo así será posible transformar la inconformidad en una herramienta efectiva para la construcción de una sociedad más justa, consciente y cohesionada.

Prof. Juan C. Benzán

Obrero de la literatura