Francia intenta apagar las protestas con una medida que echa más leña al fuego

 

Paris------Mientras en las calles de Francia aún humean los destrozos del fin de semana, el presupuesto con el que el Gobierno pretende sanear las cuentas del país se ha quedado atascado en el Parlamento.

La votación prevista para este martes sobre la parte de ingresos del proyecto de 2027 fue aplazada por los miles de enmiendas que siguen pendientes en la Asamblea Nacional, según informa LCP, el canal del Legislativo francés. Y el ajuste que tanto cuesta aprobar amenaza con avivar el enfado que ya ha sacado a miles de personas a la calle.

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Como detalla LCP, al cierre de la sesión de este lunes por la noche los diputados todavía tenían por examinar algo más de 2.600 enmiendas solo en la parte de ingresos del proyecto de ley de finanzas, centrada sobre todo en las disposiciones fiscales.

Debido a los plazos constitucionales que rigen los textos presupuestarios, la Asamblea tuvo que suspender temporalmente la tramitación del presupuesto del Estado para abrir el debate sobre el presupuesto de la Seguridad Social.

A quién afecta el plan presupuestario

El proyecto de ley de finanzas del Estado para 2027, promovido por el Gobierno del primer ministro, Sebastien Lecornu, se ha fijado como meta reducir el déficit público al 5 % del PIB. Para ello, plantea un ajuste presupuestario de 54.000 millones de euros, que combina medidas de ahorro y de aumento de ingresos, con el objetivo de reducir el déficit desde el 5,4 % del PIB previsto para 2026.

Ese ajuste se repartiría entre varios sectores de la población. Conforme a la CGT État, una organización sindical del sector público, entre las medidas figura la congelación del punto de índice para los empleados públicos, lo que equivaldría a una nueva caída del salario real de los funcionarios.

Los pensionistas también quedarían entre los principales afectados. El plan contempla congelar la indexación de las pensiones superiores a 1.260 euros mensuales, además de reducir determinadas ventajas fiscales para una parte de los jubilados.

A ello se sumarían medidas que afectarían a los hogares con menos recursos, como la congelación de las ayudas a la vivienda y de algunas prestaciones familiares.

El alcance del ajuste también se extendería al ámbito sanitario. El proyecto prevé recortes en las bajas por enfermedad y un freno del gasto en salud, algo que podría trasladar más costos a los seguros complementarios y aumentar el riesgo de que los sectores más vulnerables renuncien a parte de la atención médica.

¿Qué pasa con la segunda economía de la UE?

La deuda pública del país volvió a batir un récord al alcanzar los 3,595 billones de euros. Esto supone un aumento de 59.600 millones de euros respecto al trimestre anterior y elevó la deuda hasta el 119 % del PIB, el nivel más alto registrado hasta ahora en relación con el tamaño de la economía francesa.

Buena parte de ese deterioro fiscal se arrastra desde las grandes crisis de los últimos años. En 2018, tras la revuelta de los 'chalecos amarillos', el Gobierno ya había desembolsado más de 10.000 millones de euros en desgravaciones fiscales. Más tarde, en 2020, el gasto público se disparó con la pandemia. Según el auditor estatal Cour des Comptes, las medidas anticrisis contra la pandemia adoptadas entonces costaron alrededor de 190.000 millones de euros. A ello se sumaron otros 72.000 millones durante la crisis energética, una cifra superior a más de un año de gasto en defensa.

De acuerdo con Bloomberg, estas medidas contribuyeron al deterioro de las finanzas públicas francesas. Paralelamente, Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas de 2022, mientras que los comicios anticipados de 2024 agravaron la fragmentación parlamentaria.

Un calendario al límite

LCP señala que el debate del presupuesto del Estado no podrá retomarse hasta después de la deliberación sobre la Seguridad Social. Con tantas enmiendas aún pendientes, los diputados necesitarán sesionar durante días y noches antes de poder llegar a una votación, que además podría terminar en un rechazo y llevar el proyecto al Senado, detalla.

Ese atasco deja sobre la mesa varias salidas extraordinarias. Entre ellas figura el recurso al artículo 49.3 de la Constitución, que permitiría al Gobierno modificar y sacar adelante el texto a riesgo de exponerse a una moción de censura.

Más adelante, a partir del 18 de diciembre, el Ejecutivo también podría recurrir a una ordenanza presupuestaria, un mecanismo inédito que permite aprobar el presupuesto sin votación si el Parlamento no se ha pronunciado dentro del plazo constitucional de 70 días.

Todo ello se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027, en un clima ya marcado por protestas y tensión social. De acuerdo con Le Monde, la presentación del presupuesto del Gobierno terminó en un "doble fracaso", al no convencer ni a los parlamentarios ni a unos mercados cada vez más escépticos.