Nómina SCJ revela grandes diferencias


SANTO DOMINGO…..El promedio de sueldos del Poder Judicial está por debajo de los RD$23 mil, mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) devenga un salario bruto de RD$336,960.00.
Según datos oficiales de la SCJ, un abogado ayudante devenga RD$69,300; una recepcionista de departamento administrativo, RD$19,236.90 y los mensajeros internos se registran en los sueldos menos lucrativos con RD$6,900.

Confrontando algunos salarios extraídos de la nómina de la SCJ, en la Primera Sala Civil, un juez de Primera Instancia gana un salario de RD$31,646.16; en la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial, un juez presidente RD$110,000; un juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional devenga RD$77,000, lo mismo que algunos abogados ayudantes de la SCJ, mientras que un alguacil de estrado RD$8,625.

Cabe resaltar que los salarios pueden variar por el tiempo que tenga el empleado en la institución y su desempeño.

Con relación a los 133 locales alquilados por el Poder Judicial, entre estos se encuentran el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, 80 juzgados de paz, 19 tribunales de niños, niñas y adolescentes, ocho tribunales de tierra, seis cámaras civiles y comerciales, cinco cortes, tres juzgados de paz especial de tránsito y tres juzgados de la instrucción, cuyo pago asciende a unos RD$22.4 millones.

En el 2010 se redujo RD$190 millones del presupuesto del Poder Judicial para ser destinados a la Defensa Pública, que a partir de enero de ese año, por disposición de la Constitución  y de la Ley 277-04, adquirió autonomía administrativa y presupuestaria.

Los juzgados que se suman a la lista de las infraestructuras catastróficas son: los juzgados de paz de Tamayo, Galván, Los Ríos, El Cercado, Bohechío, Hondo Valle, Vallejuelo, Juan de Herrera, y todos los correspondientes al distrito judicial de Azua, entre otros.
Este año el Poder Judicial solicitó RD$6,039.95 millones, para cubrir los costos de los órganos creados recientemente, el sostenimiento de la estructura judicial vigente, y la puesta en funcionamiento de tribunales creados por ley.

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