Diplomáticos ambulantes

Pedro Padilla Tonos

En días recientes, el reputado periodista Juan Bolívar Díaz hizo público en el periódico “Hoy”, una información que si bien era del conocimiento de todos, era tenida como un secreto de Estado por el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, relativa a la vergonzosa e irracional cantidad de funcionarios diplomáticos y consulares de la República designados en el exterior por el presidente Fernández.

Si grave es la extravagante cantidad de funcionarios, más grave aún es el hecho de que gran número de ellos reciban desproporcionados salarios, en dólares; no ejerzan ninguna función; no hayan sido reconocidos o aceptados por los gobiernos de los países ante los cuales han sido designados; residan fuera de su sede; pasen el tiempo vacacionando y realizando actividades ajenas a sus funciones tanto en el país como en el extranjero y adolezcan de falta de preparación y profesionalidad para desarrollar una labor digna del cargo y de los intereses nacionales.

A esa información se agrega ahora la denuncia formulada por el expresidente Hipólito Mejía de que mediante la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo proyecto cursa en el Congreso Nacional, se pretende establecer la inamovilidad de los funcionarios que actualmente fi guran en la nómina del servicio exterior designados por el presidente Fernández.

Es decir, se buscaría mantener vigentes por tiempo indefi nido, a una caterva de diplomáticos y cónsules ambulantes, costosos y vagos, que salvo honrosas excepciones, no tienen ninguna preparación profesional y cuyo único mérito es ser miembro del partido de gobierno, allegado o amigo del Presidente, de alguno de sus infl uyentes funcionarios o del Ministro de Relaciones Exteriores, quien también tiene su corte en la Cancillería, popularmente llamada “el mercado de las pulgas” y en el servicio exterior.

Una iniciativa de esa naturaleza sería absurda y mal intencionada, por lo que nos preguntamos ¿Qué se perseguiría con ella? ¿Proteger, mezclando en un mismo globo a los pocos funcionarios meritorios que existen, cuyos nombres no es necesario mencionar porque todos los conocemos, con el ejército de parásitos que se enriquecen ilícitamente y cometen una estafa contra el Estado, que pudiese usar esos cuantiosos recursos para paliar necesidades esenciales del pueblo, buscando mantenerlos hábiles pensando quizás en el 2016 o en la Secretaría General de la ONU y de la OEA? ¿Limitar las atribuciones constitucionales del próximo Presidente de la República de designar y remover los funcionarios diplomáticos y consulares y de dirigir la política exterior de la Nación?

Obviamente ese propósito iría dirigido unicamente contra el principal candidato de la oposición, el expresidente Mejía, ya que el candidato ofi cialista es un secuestrado político del presidente Fernández, cuyas decisiones de antes, ahora y después debe seguir acatando.

Decimos que la mencionada iniciativa nos parece absurda, porque una cosa es consagrar la carrera diplomática como lo hace la vigente Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece sin ninguna discriminación, los requisitos para que cualquier ciudadano adquiera la condición de funcionario de carrera, como es el ejemplo del que haya cumplido a la fecha de promulgación de esa ley, o cumpla en lo sucesivo, una década de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores y otra cosa es establecer privilegios que afecten a los verdaderos funcionarios de carrera y únicamente favorezcan, por razones de adhesión política, a los bendecidos por el presidente Fernández y el canciller de la República.

Existen también rumores de que antes de fi nalizar el actual gobierno, a muchos de los funcionarios diplomáticos y consulares actuales que no puedan continuar en sus cargos, se les favorecería con jugosas pensiones, aunque para ello se tenga que pasar por encima de la ley o inventar una nueva. Eso contrastaría con las míseras pensiones que reciben verdaderos funcionarios de carrera que dedicaron varias décadas de su vida a servir al Estado con dedicación, profesionalidad y una ética impoluta, sin haber mendigado favores políticos.

De todas maneras, aunque se aprueben esas pensiones y la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, con los vicios institucionales denunciados, el próximo Presidente de la República no tiene por qué preocuparse. La Constitución está de su lado y existen mecanismos para neutralizar esos despropósitos.

Para ayudar en ello, nosotros, verdaderos dolientes de una carrera diplomática digna al servicio de la Nación, estamos preparando un profesional proyecto de reestructuración de las misiones diplomáticas y consulares de la República en el exterior, en cuanto a su número, sede, categoría y jurisdicción, tomando exclusivamente en cuenta la realidad y los intereses del país, para entregarlo inmediatamente después del 20 de mayo del 2012 al presidente Mejía.