Preservación de infraestructuras

Félix Bautista

El Estado, como organización jurídica y política de la sociedad, tiene la responsabilidad de preservar los bienes del patrimonio público. Desde el nacimiento del concepto de Estado a través del denominado “contrato social” establecido por Jean Jaques Rousseau, destacado escritor y filósofo francés, se han sucedido innúmeras teorías de lo que se considera el funcionamiento correcto y responsable del aparato estatal. No obstante esta evolución, la naturaleza intrínseca del Estado y las que deben ser sus funciones básicas en beneficio de la colectividad, no han cambiado sustancialmente.
El Estado se erige entonces como pater familias de la sociedad que lidera, debiendo tutelar los derechos de las personas que se amparan bajo su institución y realizar una correcta administración de los bienes públicos puestos bajo su gestión. Esta es, quizás, una de las más importantes funciones del Estado.
Las infraestructuras físicas son un activo importante de los Estados, soporte esencial del desarrollo: carreteras, puentes, viaductos, túneles, edificaciones de servicios públicos, alumbrado eléctrico, plantas de generación de energías, canales de riego, presas, acueductos, alcantarillados sanitarios y pluviales, trenes, entre otras. En estos proyectos se invierten cuantiosos recursos y aportan los espacios necesarios para el desarrollo de las naciones.
Garantizar una correcta gestión, mantenimiento y protección de las infraestructuras públicas, es necesario contar con un registro que permita conocer en qué consisten estos activos: saber qué tenemos, las condiciones de esos bienes y lo que se requiere para preservarlos en el tiempo.
Dentro del ámbito de una correcta administración de los bienes públicos, hemos desarrollado un proyecto de ley que permita contar con un registro de infraestructuras públicas y desarrollar un correcto sistema de mantenimiento.
Por lo general, en la mayoría de los países de Latinoamérica, los gobiernos no invierten en el mantenimiento y preservación de infraestructuras publicas. Sin embargo, con inversiones mínimas y oportunas, se garantizan los periodos de vida útil proyectados para las obras públicas.
Un acueducto, una carretera, un hospital, diseñados para operar óptimamente por 20 años, si no se da el mantenimiento adecuado, en un plazo de 10 años, el deterioro seria total. Por ejemplo, la Autopista Duarte se construyó con una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos; el costo del mantenimiento anual debería ser de un 1% mínimo de la inversión original, esto es, 70 millones de pesos por año; en 10 años, 700 millones.
Al no aplicarse el mantenimiento adecuado a esta obra, su reconstrucción se estima en 3 mil millones de pesos. El Estado pierde 2 mil 700 millones de pesos por no aplicar un mantenimiento oportuno. Dicho de otra manera, en 10 años, sin mantenimiento, habría que invertir el 43% de la inversión original para reconstruirla, sin contar el costo en divisas que representa para el Estado, los neumáticos, repuestos y el tiempo de recorrido en una carretera deteriorada y por supuesto, lo mas trascendente, las perdidas de vidas humanas en una carretera en mal estado.
El proyecto de ley sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, se propone establecer un marco regulatorio que pueda suplir esta necesidad, garantizando durabilidad, seguridad, uso optimo y ahorros de recursos para el Estado.
Las infraestructuras generan desarrollo económico y social; su registro y mantenimiento representan un ahorro para el Estado y la falta de políticas de mantenimiento, incrementa el pasivo de la nación.
Contar con un registro único, real y accesible, implica una cohesión de todos los sistemas de registro dispersos y fraccionados que caracterizan la administración publica. Esto permitirá la elaboración de estrategias y planes de prevención de desastres, de los que somos susceptibles por la ubicación geográfica del país.
En este sentido cabe resaltar algunas de las propuestas puntuales presentes en el proyecto: (i) creación de una Dirección General de Registro y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como ente superior encargado de establecer y desarrollar las políticas y proyectos necesarios para cumplir con los fines de registro y conservación de las infraestructuras públicas; (ii) establecimiento del Registro Nacional de Infraestructuras Públicas, como un directorio pormenorizado y confiable de las infraestructuras estatales, que cuente a su vez con una plataforma virtual de acceso público y permita a la ciudadanía conocer en qué consiste el patrimonio del Estado; (iii) establecimiento de un porcentaje del costo total de la obra destinado a los fines de mantenimiento de la misma; (iv) instauración de un sistema sancionatorio real y aplicable como medio coercitivo de respeto de las normas establecidas en el proyecto; (v) inclusión de la ciudadanía, incorporando mecanismos de participación activa que permitan el ejercicio de este derecho y su deber de velar por la buena administración del Estado.
El proyecto establece, además, un 2% del costo de la obra para trabajos de mantenimiento, los cuales pueden ser: preventivos, destinados a disminuir el índice de fallas que obstaculicen el buen funcionamiento de una obra; correctivos, para eliminar las fallas y restablecer sus condiciones originales; rutinarios, orientados a la conservación-sellado de grietas, corrección de filtraciones, pintura, etc.-; y el mantenimiento mayor, que se aplica para corregir elevados grados de deterioro de las infraestructuras.
La responsabilidad esencial del Estado es la satisfacción de las grandes necesidades colectivas que de manera individual sería imposible satisfacer.
Debe ser una prioridad nacional saber de manera precisa los bienes físicos que integran el patrimonio del país, y de manera especial, poder desarrollar todos los medios tendentes a su conservación y preservación como parte de los bienes de la colectividad. Este es el fin último del Estado: el bien general a través de una gestión responsable.