Dr. Monero dice decision de fiscal no se apela, se objeta

SAN JUAN DE LA MAGUANA, 27 mayo, 2013.- Un conocido abogado de esta ciudad, sostuvo este domingo que la decisión de la fiscal del Distrito Nacional de archivar la acusación contra el ex presidente Leonel Fernández, sobre no investigarlo ni encarcelarlo porque la corrupción pública no es infracción penal, no se apela y lo que corresponde dentro de tres días hábiles a partir de la notificación, es la objeción.

El doctor ángel Moneró Cordero manifestó que la querella del presidente del partido Alianza País, doctor Guillermo Moreno, le pertenece al pueblo, y que por eso, a sabiendas de que al querellante no le faltan herramientas, ni coraje, ha decidido decir presente, apoyándole, como uno de sus abogados a distancia.

Sin embargo, indicó que lo hace fijando el rigor ético y de respeto a sus colegas abogados que asumen personalmente el encargo.

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, emitió y dio a conocer el pasado viernes un dictamen de archivar el expediente que contiene las acusaciones de corrupción y lavado de activos formuladas contra el ex presidente Leonel Fernández por el excandidato a la presidencia dominicana por el partido Alianza País, doctor Guillermo Moreno.

"Embarcarse en la empresa de una investigación en esas circunstancias es violatorio a los principios de razonabilidad, lógica jurídica y contraviene la disposición del principio dos del Código Procesal Penal que le reconoce al proceso penal la característica de medida extrema de la política criminal", explicó la funcionaria judicial.

El abogado Moneró Cordero insistió en que la decisión tomada por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, debe apelarse cuando se haya hecho la objeción y ya esté en el ámbito del Juez de la Instrucción, como reza el Artículo 283 del Código Procesal Penal.

Los criterios formulados por el doctor Ángel Moneró Cordero están contenidos en una carta pública que dirige al doctor Guillermo Moreno, quien se querelló contra el ex presidente de la República por presunta “corrupción y lavado de activos”.