¿A CUALES DELINCUENTES?

Dr. Albin Bello

13 de  marzo del  2015

Las declaraciones emitidas por uno de nuestros legisladores, en el caso específico nos referimos al Diputado, Sr. Luisin Mejía, resultan asombrosas, y más cuando proviene de un legislador, quien está llamado a ser un ente de mesura, de ejemplo en el respeto que debe existir para todos (as) en relación con la Constitución y las Leyes Dominicanas.

Recordamos que la palabra “Delincuente” es la forma más general con la que se designa a cualquier persona que ha cometido un delito; en este sentido, queremos interpretar las palabras pronunciadas por el flamante Diputado, para entender que además en sus declaraciones se refería al conglomerado social de las diversas estructuras de poder que gobiernan la nación, de la cuales no escapan las Cámaras Legislativas, de las cuales él pertenece a una de ellas; puesto que, en esas estructuras de poder han existido hechos y existen casos que pueden designarse con la mencionada palabra.

Todos entendemos en el argot popular lo que significa “quitar del medio a los delincuentes”, tal como lo pronunciara el distinguido Diputado, expresión ésta que es contraria a la Constitución Dominicana, lo que significa que dicho Diputado desconoce la Constitución; desconoce que en el artículo 7 de la misma consagra al Estado Dominicano como un Estado Social y Democrático de Derecho, el cual se funda en el Respeto a la Dignidad Humana y los Derechos Fundamentales de todos y todas.

En tal sentido, como Nación Social y Democrática estamos llamados a respetar el derecho a la vida, el cual está consagrado en el artículo 37 del mismo texto legal.

Es insólito pensar que quien está llamado a levantar la voz en esa estructura de poder a la que pertenece en contra de las desigualdad social, el desempleo, la falta de servicio público eficiente en las instituciones del Estado, que haya mejor distribución de las riquezas, entre otras acciones; procure que se instaure un sistema de pena de muerte en el país cuando tales sistemas no deben existir en aquellos sistemas progresivos de derechos como lo es nuestro sistema de justicia penal de conformidad con nuestra Constitución y las Convenciones y Pactos Internacionales de los cuales somos signatarios. 

 

Nuestra Constitución está sujeta al Principio de Progresividad de los Derechos Fundamentales, lo que quiere decir que no podemos volver atrás en cuestiones como la planteada por el Diputado Luisin Mejía, en la instauración de un Sistema de Muerte para el que delinque, puesto que, el derecho a la vida es un derecho fundamental, pre requisito para el goce de los demás derechos.

Este derecho protegido no solo está determinado por lo que significa estrictamente, sino que el Estado está obligado a que éste derecho esté protegido mediante la provisión de las condiciones básicas necesarias para que ninguna persona viva en estado indigno, degradante, ni se disminuya su integridad física ni psíquica; por tal razón, están prohibidas las detenciones arbitrarias, las vejaciones, las torturas y todo acto que tienda a menoscabar a la persona.