Presidente Medina somete proyecto Ley Declaración

SANTO DOMINGO…..El presidente Danilo Medina sometió al Senado un proyecto de Ley de Declaración Patrimonial y Revalorización, que persigue establecer un régimen tributario especial con carácter transitorio, que permita a las personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas, regularizar sus obligaciones tributarias ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Dicho proyecto se enmarca dentro de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del primero de julio del 2017, cuyo numeral 11 del artículo 2, incluye como infracción precedente o determinante el delito tributario.

Con el mismo el Estado busca aplicar una tasa de tributación reducida a quienes declaren o transparenten sus bienes al valor real del mercado para cumplir con las disposiciones legales vigentes y los compromisos internacionales contraídos por el país en beneficio y protección del interés público.

¿Quienes se acogerían? Las personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas que declaren o revaloricen, de manera voluntaria y excepcional, con el objeto de regularizar tributariamente o transparentar los bienes o derechos bajo las condiciones que establece la presente ley, dice el artículo 2.

Entre los bienes susceptibles de aplicación de esta ley están, tenencia de moneda nacional o extranjera mediante la declaración de su depósito en una entidad regulada y autorizada para dichos fines, de conformidad con la legislación de la jurisdicción donde se encuentre; inmuebles sobre los cuales no se haya reformulado ningún requerimiento de pago por parte de la administración tributaria; bienes muebles situados en el país, y cualquier tipo de patrimonio, siempre que la revalorización implique una disminución de activo, entre otros.

Bienes o derechos excluidos. Están vehículos de motor; bienes o activos adquiridos producto de actividades ilícitas; tenencia de moneda depositada en entidades financieras del exterior y títulos y valores registrados o custodiados en jurisdicciones o países identificados por el GAFI como al Alto Riesgo o No Cooperantes; y cualquier otro bien o activo que establezca la DGII.

La ley también establece rechazos y plazos para contribuyentes beneficiarse.

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