La violencia se reproduce en la frontera colombo-venezolana




CARACAS…..Una investigación señala que en los 35 municipios que comparten límite con el vecino país hay presencia de por lo menos 28 estructuras armadas ilegales. Contrabando y narcotráfico, los mercados dominantes.

Tractomulas incineradas en la vía que conduce de Cúcuta a Ocaña (Norte de Santander), ataques a estaciones de Policía y bases militares en Arauca y proliferación de bandas criminales en La Guajira.

En el último mes han sido varios los reportes y denuncias desde las mismas comunidades que dan cuenta de cómo el accionar de grupos armados ilegales en estos departamentos parece estar intensificándose.

La dinámica de violencia que se replica en los territorios que abarcan los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana, está mutando y tiene características específicas.

La percepción de que hay un reavivamiento de la confrontación armada en los territorios que comparten límite con el vecino país está soportada en cifras. En total hay 35 municipios colombianos —en los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía— a lo largo de la zona de frontera. En dichos lugares, la concentración de actores y economías irregulares se ha visto reflejada en el aumento de cifras de asesinatos: 4.911 personas entre 2012 y 2019, y 378 migrantes en los últimos dos años.

Los datos fueron recopilados en el informe “Sin Dios ni ley” realizado por la Fundación Paz y Reconciliación como un ejercicio de análisis de las condiciones de seguridad de la zona, a partir de la identificación y caracterización de las principales estructuras armadas ilegales presentes allí y de los mercados ilegales alrededor de los cuáles se mueve la economía.

Del documento se extraen cuatro conclusiones importantes. La primera es que en los 35 municipios fronterizos con Venezuela hay presencia de 28 estructuras armadas ilegales de distinto tipo: el Ejército de Liberación Nacional, trece Grupos Armados Organizados (Epl, Los Rastrojos, Clan del Golfo), diez Grupos Armados Pos-Farc y catorce organizaciones que los investigadores clasifican como de carácter transnacional (el caso de los Pranes y el cartel de Sinaloa.

Del amplio espectro de actores armados, sobresalen el Eln y los Grupos pos-Farc que operan en siete departamentos, especialmente en Norte de Santander, Arauca y Vichada.

La segunda conclusión es que en la zona fronteriza la economía está basada en los mercados ilegales: narcotráfico, contrabando de gasolina o tráfico de armas y personas. De allí que las disputas entre los actores del conflicto tengan como objetivo lograr control territorial (a través de cobro de extorsiones y regulación de tránsito de personas) para dominar dicho mercado.

El tercer hallazgo del informe es que los escenarios de confrontación cambian transitoriamente y en algunas zonas las disputas pueden disminuir por cuenta de acuerdos entre actores ilegales. En el Catatumbo, por ejemplo, se han documentado alianzas entre el Eln y grupos pos-Farc y entre el Epl y estructuras del Clan del Golfo.


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