Con más de 51.000 muertos, Brasil convive con las crisis sanitaria y política
Según el último boletín
del Ministerio de Salud, el país llegó este lunes a un total de 51.271
fallecimientos, tiene 1.106.470 de casos confirmados y se ratifica como uno de
los grandes focos mundiales de la pandemia.
El Gobierno de Bolsonaro,
más preocupado con una crisis política vinculada a asuntos de corrupción que
tramitan en tribunales, parece distanciado de la situación sanitaria, cuya
resolución ha dejado en manos de las Administraciones regionales y municipales,
responsables de las medidas de aislamiento social que el mandatario censura.
Pero las controversias
sobre la gestión del Gobierno de Bolsonaro frente al coronavirus, que parece
ignorar al punto de que ha tildado a la enfermedad de “gripecita”, tienen
reflejos también en el ámbito regional y municipal, en los que no son pocas las
discordias.
Una de las mayores está
instalada en el estado de Río de Janeiro, uno de los más afectados por el
patógeno y donde este lunes dimitió el secretario de Salud del Gobierno
regional, Fernando Ferry.
Estuvo en el cargo apenas
un mes, tras sustituir a Edmar Santos, despedido por presuntos desvíos de
recursos destinados a adquirir materiales y montar hospitales de campaña para
enfermos de COVID-19.
Ferry anunció su salida en
un video difundido por internet en el cual confesó que no soportó la “presión”
y pidió disculpas. “Quiero decir que intenté”, declaró.
Con esos problemas
políticos y la pandemia en pleno ascenso, las autoridades de Río de Janeiro se
debaten entre mantener la apertura económica que iniciaron hace unas semanas o
retomar las cuarentenas que interrumpieron presionadas por el sector privado, como
ocurre en Sao Paulo, otro de los focos de la COVID-19 en Brasil.
LA
CRISIS POLÍTICA SE ENREDA EN EL ENGRANAJE JUDICIAL
En paralelo a la crisis
sanitaria, Bolsonaro está frente a unas turbulencias políticas que tienen en el
ojo del huracán a su hijo Flavio, senador salpicado por asuntos de corrupción
que llevaron a prisión a uno de sus ex asesores.
Fabricio Queiroz, antiguo
jefe de gabinete de Flavio cuando este era diputado regional en Río de Janeiro,
fue preso la semana pasada después de estar un año en paradero desconocido, con
la supuesta intención de evitar ser intimado a declarar ante la Justicia.
La paradoja es que fue
detenido en una casa de campo del abogado Frederick Wassef, quien representaba
ante los tribunales a Flavio y hasta actuaba en algunos casos en defensa del
propio mandatario.
Tanto Flavio como su padre
se desmarcaron del abogado, al punto de que, este domingo, el senador anunció
que Wassef ya no era su abogado y que será representado ahora por Rodrigo Roca,
cuyo bufete actuó en defensa de militares acusados de torturas en la última
dictadura (1964-1985).
La primera tarea de los
abogados será intentar postergar el proceso, que se refiere a cuando Flavio era
diputado regional y tramita en la Justicia de Río de Janeiro, con la excusa de
que ahora es senador y responde, por sus fueros, en la esfera federal.
Un eventual cambio de
jurisdicción demoraría el proceso y daría tiempo al presidente Bolsonaro para
tomar aún más distancia de ese caso y para buscar apoyos en el Congreso tanto
para su Gobierno como para su hijo, que podría valerse del Senado para
blindarse ante la Justicia federal.
Las presiones contra
Flavio se suman a las que ya enfrenta en tribunales el propio presidente
Bolsonaro, investigado por supuestas interferencias ilegales en la Policía
Federal, y a otras causas que indirectamente afectan al Gobierno, vinculadas a
manifestaciones consideradas “antidemocráticas” convocadas por sus partidarios.
Esas protestas, realizadas
cada domingo y en las que se demandaba una “intervención militar” y el “cierre”
de la Corte Suprema y el Parlamento, han perdido fuerza en las últimas semanas,
al punto de que la víspera pasaron casi inadvertidas, igual que las de otros
movimientos que se declaran “democráticos” y “antifascistas».
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments