Una Procuraduría de justicia independiente

 


POLÍTICA Y CULTURA

Tony Raful

tonyraful5@yahoo.com

Todo el proceso acusatorio y el sometimiento ante los tribunales de la República, a raíz de la caída de la dictadura de Trujillo de los personajes involucrados en aquella maquinaria infernal que desgobernó el País, devino en una insuficiencia penal y en una complicidad vergonzosa de la llamada administración de justicia.

Salvo el sometimiento de los asesinos materiales de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz y el veredicto de condena, no hay un solo acto de justicia ejecutado en medio de aquellos juicios endebles e insuficientes, que permitieron la absolución virtual de los acusados en expedientes mal diseñados, quienes eran señalados por el rumor público.

 La caricatura más vergonzante lo fue la liberación de los esbirros acusados y condenados de participar en la tragedia del 25 de noviembre de 1960. Aprovechando la confusión creada por la guerra de abril de 1965, el jefe de la Penitenciaria de La Victoria, excarceló a los asesinos de las Mirabal, porque dizque acató una orden que le dio por teléfono el fenecido presidente Héctor García Godoy, quien desmintió ese adefesio.

Los liberados salieron del país y se reunieron con Johnny Abbes en Haití trabajando con éste durante casi dos años al servicio de Duvalier. Antes, en plena euforia constitucionalista, cuando el pueblo armado tomó por asalto la Fortaleza Ozama, y los jóvenes catorcistas buscaban afanosos a dos de los verdugos de aquel crimen monstruoso, que estaban detenidos allí, alguien intervino previamente y los liberó.

El agente liberado fue el hombre que supervisó y dirigió el operativo criminal. Años después, Víctor Alicinio Peña Rivera regresó a Santo Domingo, desde Puerto Rico donde había logrado refugiarse y puso en circulación un libro en la Biblioteca Nacional, sin que las autoridades, lo detuvieran y lo regresaran a la cárcel para cumplir su condena. Johnny Abbes García, no tenía un solo expediente acusatorio en la justicia dominicana.

Ni siquiera al ex Presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, quien tenía todas las pruebas de la participación de Abbes en el atentado del 24 de junio de 1960 cuando hicieron volar por los aires el carro presidencial donde transitaba Betancourt, le interesó una orden de captura de ese delincuente y asesino en libertad. Dos altos oficiales de la Policía Nacional de Trujillo, que mataron personalmente al ciudadano norteamericano Gerard Murphy, piloto que contratado por Trujillo, quien trajo al país secuestrado a Jesús De Galindez en 1956, jamás fueron citados ni sometidos a la justicia.

Papeles norteamericanos manejados por investigadores del FBI sindican a esos dos oficiales como quienes mataron a garrotazos en el Cuartel de la Policía a Murphy, y luego desaparecieron su cadáver.

Lo increíble es que luego de la revolución de abril, ambos oficiales desempeñaron altos cargos policiales y militares en el país, recrudeciendo su vocación homicida contra la población. Todas estas citas, para señalar, que por primera vez en el país existe una administración de justicia imparcial, impartiendo lecciones éticas, sin estar subordinada al Gobierno o a intereses nefandos.

Es un acontecimiento cimero sin precedentes, una Procuraduría independiente, capaz, honesta, que traza todos los días el camino de la recuperación moral del país, junto al aparato judicial de la nación y un Gobierno que es columna y sostén de las institucio­nes nacionales.


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