De la destitución de Castillo a la represión: cómo la derecha consumó el 'golpe' en Perú

Ociel Alí López
Con las últimas decisiones del Congreso de rechazar un adelanto en las elecciones, mientras, en paralelo, avanza la militarización del conflicto decretada por la presidenta Dina Boluarte, las fuerzas sociales del conservadurismo acabaron la confección de un régimen post-democrático.
Es decir, ya no solo hablamos del derrocamiento
parlamentario contra el presidente elegido por voluntad popular, sino
propiamente del establecimiento de un régimen autoritario sin legitimidad de
origen: una dictadura.
La fuerte represión que ya ha provocado más de veinte
muertes, así como los discursos de criminalización contra las manifestaciones
pacíficas, ofrecen un perfil dictatorial a un ejecutivo que presume de interino
por tres años pero que no tiene legitimidad mínima para perpetuarse.
"El conservadurismo peruano se debate entre si ir a
unas elecciones condicionadas y entregarle el poder nuevamente al fujimorismo o
quedarse sosteniendo a Boluarte por este largo período".
Estas jornadas de protestas contundentes, masivas y
multiplicadas por todo el país han obligado al gobierno de facto a develar que
el derrocamiento de Castillo no es solo un acto legislativo, sino que tiene un
soporte militar que se va desplegando en la medida que la ciudadanía protesta
en contra de un régimen represor que, además, tiene como fecha de caducidad un
lejano 2025.
El fujimorismo
La situación se complejiza debido a que los sectores de
derecha radical configurados en el fujimorismo pueden querer elecciones
anticipadas en las que, sin la competencia del presidente destituido Pedro
Castillo, Keiko Fujimori pueda acceder por fin a la Presidencia, después de
perder dos vueltas en 2021 ante Castillo.
De esta manera, el conservadurismo peruano se debate
entre si ir a unas elecciones condicionadas (con las izquierdas judicializadas)
y entregarle el poder nuevamente al fujimorismo, que siempre ha sido su sector
más extremo aunque muy desacreditado, o quedarse sosteniendo a Boluarte por
este largo período.
Pero los niveles de rechazo al Congreso, que es desde
donde se toman las principales decisiones en materia de conducción del país, se
van incrementando y cualquier candidatura que enarbole la bandera de
"cerrar el Congreso", la controvertida medida de Castillo, puede
ganar las siguientes elecciones.
Sin embargo, un escenario de este tipo, electoral, no se
espera tan pronto. Varios actores políticos han alertado que 2023 es un año
clave para Perú en materia de contratos de exploración y explotación de
diferentes recursos con empresas extranjeras.
"Para preparar el escenario de persecución, la
maquinaria mediática, incluyendo la internacional, ha resucitado los métodos de
la guerra fría para acusar a los manifestantes de vándalos".
Si el actual Congreso tiene el control político y el
apoyo de las Fuerzas Armadas, seguramente los legisladores que componen mayoría
van a sentirse con capacidad de atravesar el año entrante –lleno de acuerdos y
firmas a largo plazo con empresas extractivistas– sin tener que ceder en
convocar nuevas presidenciales.
Con el control del Congreso y las Fuerzas Armadas, le
basta a la oligarquía limeña para mantener el poder y acrecentar la persecución
policial y la represión militar.
'Terruqueo' como forma de gobierno
Para preparar el escenario de persecución, la maquinaria
mediática, incluyendo la internacional, ha resucitado los métodos de la guerra
fría para acusar a los manifestantes de "vándalos".
El 'terruqueo' es la forma como se le llama en Perú a la
criminalización por razones políticas. Con sectores populares protestando, han
vuelto a recordarse en los medios del 'establishment' las siglas del extremista
Sendero Luminoso para relacionar a los manifestantes con el terrorismo.
Alineados a este nuevo escenario impuesto por la derecha
peruana, variados medios internacionales han pasado no solo a reconocer el
derrocamiento del presidente elegido por voluntad popular, sino también a
legitimar las masacres que están ocurriendo y las que podrían ocurrir si los
poderes fácticos no ceden a las demandas democráticas de su población.
Lo único que podría modificar este panorama es la
fortaleza de los actores movilizados, algo que se conocerá los próximos días.
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