Comunidades y minería: ¿coexistir o desaparecer?

Yvett Carolina De Jesús Hilario
La minería es una actividad
que genera grandes beneficios económicos al país donde se desarrolla, aporta
empleos de calidad y provee minerales indispensables para el funcionamiento del
mundo actual.
Uno de los componentes
primordiales de un proyecto minero, más allá de los aspectos técnicos y
ambientales, es la licencia social para operar. Ningún proyecto está exento de
lidiar con el impacto social que genera; sin dicha licencia, no es posible
desarrollar exitosamente la minería responsable por la cual abogamos.
En muchos países, la presión
comunitaria mal gestionada ha logrado frenar el progreso minero, y República
Dominicana no es la excepción. Para evitar esta situación, sugerimos un curso
de acción basado en el esfuerzo tripartito de las comunidades, el gobierno y
las empresas mineras.
La empresa minera debe
trabajar de forma cercana con las comunidades y el gobierno, entendiendo los
temas de interés y el concepto de desarrollo que resulte de valor. Un
conocimiento profundo de la realidad de las poblaciones, sus industrias
aledañas y su percepción del proyecto resulta útil para evaluar el potencial
riesgo social y minimizar el conflicto; siendo esta recomendación
particularmente importante en el caso de los depósitos de relaves y sus
estudios de validación de sitio.
En el ámbito comunicacional,
es esencial que la empresa minera ejecute un plan de difusión detallado del
proyecto para los posibles afectados. La identificación temprana de los actores
clave y sus factores de conflicto potencial sirve para abordar el riesgo social
y ambiental, garantizando un proceso exitoso.
Cuando los aspectos
informados se perciben como poco claros o injustos, se incrementa el riesgo de
movilización social en oposición a la minería. A estos tópicos se suma el
descontento y la desconfianza hacia la empresa minera y las autoridades. La
transparencia y los planes de contingencia ante posibles afectaciones son
siempre un paso bien recibido como parte del proceso.
Las comunidades tienen
derecho a dar un consentimiento libre, informado y previo a las actividades. La
empresa minera, por su parte, también tiene derecho a negociar en base a las
condiciones actuales del mercado, evitando exigencias o presiones exorbitantes,
sin más base que su futuro ingreso a percibir.
El objetivo principal es
construir relaciones sólidas que alineen los intereses gubernamentales y
comunitarios con los de la empresa. Esto implica integrar proactivamente a la
comunidad en el proceso de toma de decisiones, fundamentado en el respeto, la confianza
y el beneficio mutuo, lo cual prácticamente asegura el éxito, en la mayoría de
los casos.
El rol del gobierno es
mediar y liderar las consultas comunitarias, velando por el adecuado
relacionamiento entre las partes y protegiendo el derecho de sus ciudadanos.
Los resultados de estas consultas deben ser públicos, consensuados y
documentados. Típicamente, durante estos. acuerdos se establecen aspectos de
inclusión en la cadena de valor, empleos y entrenamientos que beneficiarán a
las comunidades.
Nuestra visión para la
minería dominicana es la de una industria que fomente la producción
responsable, con prácticas comunitarias constructivas, específicamente, en el
caso de los depósitos de relaves, que sean acordes con el Estándar Global de
Gestión de Relaves para la Industria Minera (ICMM, 2021), enfocándose en la
debida diligencia de derechos humanos. La producción sustentable y la
mitigación de aspectos ambientales adversos son requerimientos estándar en la
industria.
Mantener relaciones
armónicas, optimizando los beneficios sociales y respondiendo de manera
contundente a las preocupaciones, retroalimentación y consultas de la comunidad
es un gran paso hacia la minería que queremos, donde las mineras, el estado y
las comunidades coexistan de manera simbiótica, colaborando sin competir por
los recursos, evitando que la prevalencia de uno de estos actores implique la
desaparición del resto.
Solo abordando las brechas
existentes, tanto reales como percibidas, obtendremos la codiciada licencia
social para operar, promoviendo un desarrollo sostenible e integral de las
comunidades, la minería y el estado mediante el manejo de estos procesos desde
un punto de equidad y justicia, construyendo para todos los dominicanos, la
minería que queremos.
El contenido de este
artículo representa íntegramente la visión personal de la autora. La autora es
ingeniera civil, especialista en gerencia y desarrollo de proyectos, ingeniería
geotécnica, gobernanza e ingeniería de relaves. Cuenta con 15 años de experiencia
en la industria minera nacional e internacional
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