Comunidades y minería: ¿coexistir o desaparecer?



                             Yvett Carolina De Jesús Hilario

La minería es una actividad que genera grandes beneficios económicos al país donde se desarrolla, aporta empleos de calidad y provee minerales indispensables para el funcionamiento del mundo actual.

Uno de los componentes primordiales de un proyecto minero, más allá de los aspectos técnicos y ambientales, es la licencia social para operar. Ningún proyecto está exento de lidiar con el impacto social que genera; sin dicha licencia, no es posible desarrollar exitosamente la minería responsable por la cual abogamos.

En muchos países, la presión comunitaria mal gestionada ha logrado frenar el progreso minero, y República Dominicana no es la excepción. Para evitar esta situación, sugerimos un curso de acción basado en el esfuerzo tripartito de las comunidades, el gobierno y las empresas mineras.

La empresa minera debe trabajar de forma cercana con las comunidades y el gobierno, entendiendo los temas de interés y el concepto de desarrollo que resulte de valor. Un conocimiento profundo de la realidad de las poblaciones, sus industrias aledañas y su percepción del proyecto resulta útil para evaluar el potencial riesgo social y minimizar el conflicto; siendo esta recomendación particularmente importante en el caso de los depósitos de relaves y sus estudios de validación de sitio.

En el ámbito comunicacional, es esencial que la empresa minera ejecute un plan de difusión detallado del proyecto para los posibles afectados. La identificación temprana de los actores clave y sus factores de conflicto potencial sirve para abordar el riesgo social y ambiental, garantizando un proceso exitoso.

Cuando los aspectos informados se perciben como poco claros o injustos, se incrementa el riesgo de movilización social en oposición a la minería. A estos tópicos se suma el descontento y la desconfianza hacia la empresa minera y las autoridades. La transparencia y los planes de contingencia ante posibles afectaciones son siempre un paso bien recibido como parte del proceso.

Las comunidades tienen derecho a dar un consentimiento libre, informado y previo a las actividades. La empresa minera, por su parte, también tiene derecho a negociar en base a las condiciones actuales del mercado, evitando exigencias o presiones exorbitantes, sin más base que su futuro ingreso a percibir.

El objetivo principal es construir relaciones sólidas que alineen los intereses gubernamentales y comunitarios con los de la empresa. Esto implica integrar proactivamente a la comunidad en el proceso de toma de decisiones, fundamentado en el respeto, la confianza y el beneficio mutuo, lo cual prácticamente asegura el éxito, en la mayoría de los casos.

El rol del gobierno es mediar y liderar las consultas comunitarias, velando por el adecuado relacionamiento entre las partes y protegiendo el derecho de sus ciudadanos. Los resultados de estas consultas deben ser públicos, consensuados y documentados. Típicamente, durante estos. acuerdos se establecen aspectos de inclusión en la cadena de valor, empleos y entrenamientos que beneficiarán a las comunidades.

Nuestra visión para la minería dominicana es la de una industria que fomente la producción responsable, con prácticas comunitarias constructivas, específicamente, en el caso de los depósitos de relaves, que sean acordes con el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (ICMM, 2021), enfocándose en la debida diligencia de derechos humanos. La producción sustentable y la mitigación de aspectos ambientales adversos son requerimientos estándar en la industria.

Mantener relaciones armónicas, optimizando los beneficios sociales y respondiendo de manera contundente a las preocupaciones, retroalimentación y consultas de la comunidad es un gran paso hacia la minería que queremos, donde las mineras, el estado y las comunidades coexistan de manera simbiótica, colaborando sin competir por los recursos, evitando que la prevalencia de uno de estos actores implique la desaparición del resto.

Solo abordando las brechas existentes, tanto reales como percibidas, obtendremos la codiciada licencia social para operar, promoviendo un desarrollo sostenible e integral de las comunidades, la minería y el estado mediante el manejo de estos procesos desde un punto de equidad y justicia, construyendo para todos los dominicanos, la minería que queremos.

El contenido de este artículo representa íntegramente la visión personal de la autora. La autora es ingeniera civil, especialista en gerencia y desarrollo de proyectos, ingeniería geotécnica, gobernanza e ingeniería de relaves. Cuenta con 15 años de experiencia en la industria minera nacional e internacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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