ALBA rechaza sanciones y las deportaciones que hace EEUU

Caracas (EFE).- Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazaron las sanciones de Estados Unidos y las deportaciones a terceros países, como el reciente traslado de más de 200 migrantes a El Salvador por parte de la nación norteamericana.
Durante la XXV Reunión del
Consejo Político de la organización, en Caracas, el titular de Exteriores de
Venezuela, Yván Gil, señaló que varios de los países integrantes de la alianza
son «víctimas de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales y de amenazas
diarias» que, sin embargo, no los «hacen retroceder».
El canciller de Cuba, Bruno
Rodríguez, expresó el «firme respaldo» del Gobierno de Miguel Díaz-Canel a
Venezuela, al tiempo que rechazó que EE.UU., dijo, recurra «al uso de
herramientas económico-comerciales brutalmente punitivas, cuyo efecto
pernicioso repercutirá negativamente» en los pueblos.
Asimismo, condenó el
«secuestro sin jurisdicción ni debido proceso, sin juicio, defensa ni sanción
de tribunal competente, y envío a terceros países por parte de Estados Unidos
de migrantes venezolanos y de cualquier ciudadanía», lo que consideró como «un
acto atroz».
Rodríguez también acusó a
Washington de aplicar «políticas discriminatorias, represivas e ilegales que
agreden la dignidad y los derechos humanos» de los migrantes, mientras -agregó-
«acude al chantaje, la intimidación y la implementación de un número creciente
de medidas coercitivas unilaterales».
En ese sentido, el canciller
de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, expresó la «invariable y creciente
solidaridad» con el «hermano pueblo y Gobierno» de Venezuela y el de Cuba.
«Expresamos nuestra
solidaridad con los familiares de todos estos hermanos migrantes secuestrados y
encarcelados», dijo Jaentschke, quien también condenó el «ilegal e inhumano
bloqueo» estadounidense contra Cuba.
SOLIDARIDAD CON CUBA
Por su parte, la ministra de
Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, exigió «el cese de las medidas coercitivas
unilaterales» contra Venezuela y Nicaragua, así como «la eliminación del
bloqueo inhumano al hermano pueblo de Cuba».
La funcionaria también
condenó la «criminalización de los migrantes» y «su traslado a centros de
detención en terceros países o deportados en condiciones que vulneran sus
derechos».
A su juicio, es «necesario
consolidar una posición común de rechazo a la criminalización de la migración
que hoy está aplicando el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump)».
«Rechazamos la aplicación de
políticas que fomentan deportaciones masivas y tratos inhumanos hacia las
personas migrantes», expresó Sosa, quien advirtió también que las medidas de la
Administración Trump «amenazan a la convivencia pacífica» y a la soberanía de
los pueblos.
En consonancia con sus
homólogos, el canciller de San Vicente y las Granadinas, Frederick Stephenson,
aseguró que las sanciones «unilaterales, sin importar su objetivo, son
ilegales» y tienen «terribles consecuencias que agravan el sufrimiento humano»,
por lo que hizo un llamado a su levantamiento.
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