Movimiento sindical en Latinoamerica condena represion del gobierno Panameño contra movimiento sindical
Ciudad de Panamá, 21 may (Prensa Latina)—El movimiento sindical en Latinoamérica, elevo su voz de condena contra el gobierno panameño, por la represión contra sindicalistas y residentes en la zona de El Darien.
Dirigentes sindicales y
trabajadores de mas de 40 países y mas
de 20 centrales sindicales en Latinoamérica, en forma unánime condenan la
violencia estatal contra el movimiento sindical en Panamá
La Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas condenó la represión y la
persecución que enfrentan hoy agrupaciones homólogas de Panamá, en medio de
protestas contra una ley del seguro social.
La organización regional de
la Confederación Sindical Internacional que agrupa a más de 55 millones de
afiliados de 49 centrales de 22 países emitió un comunicado de solidaridad en
el que rechazó el allanamiento de la sede del Sindicato Único Nacional de los
Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en la
provincia de Chiriquí.
También repudiaron la
detención y enjuiciamiento arbitrario del dirigente de ese colectivo, Jaime
Caballero, quien permanece en una cárcel de máxima seguridad.
“Este nuevo ataque se
inscribe en una escalada autoritaria por parte del Gobierno panameño que, lejos
de resolver los conflictos sociales, a través del diálogo democrático, responde
con represión, persecución y criminalización de las protestas”, indica el
documento.
Asimismo, la organización
continental recuerda que atacar las instalaciones y arrestar a dirigentes es
una violación flagrante de la libertad sindical, así como del derecho a la
manifestación pacífica, expresado en el Convenio 87 de la Organización Internacional
del Trabajo, del cual Panamá es firmante.
Los sindicalistas exigieron
poner fin a los atropellos y como acuerdo del más reciente V Congreso
Continental José Pepe Mujica, celebrado en República Dominicana, solicitar a
todas las organizaciones de la región y a organismos internacionales de derechos
humanos a pronunciarse de forma urgente ante esta grave situación de abusos y
amenazas a la democracia y el Estado de Derecho en Panamá.
La víspera, el Ejecutivo dio
otro paso en la escalada de presiones contra los obreros de la construcción al
ordenar el cierre de la Cooperativa de Servicios Múltiples, Suntracs, RL.
En una resolución del
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) se señala que luego de una
auditoría que se inició en 2022 encontraron hallazgos en la parte financiera y
en las medidas de prevención de blanqueo de capitales que nunca fueron atendidas
por su administración.
El descontento popular es
creciente en la nación centroamericana luego del enfrentamiento reciente entre
indígenas en la región de Arimae (Darién) con unidades antimotines, durante una
manifestación pacífica en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Al respecto, la Coordinadora
Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), señaló que mantendrán las
medidas de presión hasta que no se derogue la norma y también en repudio al
memorando de entendimiento firmado con los Estados Unidos en detrimento de la
soberanía nacional y la intención de reabrir la mina de cobre en Donoso
(Colón).
De otra parte, el secretario
general de Suntracs, Saúl Méndez, responsabilizó al presidente de la República,
José Raúl Mulino, de la integridad física de los dirigentes encarcelados como
Caballero.
Desde el pasado 23 de abril,
convocada por los docentes, varios sectores forman parte de una huelga
indefinida y exigen al Ejecutivo derogue la Ley 462, que permite el robo de los
recursos de la CSS y privatiza sus servicios.
Una salida al clima de
tensión social fue eje de conversaciones sostenidas entre jefes de bancadas
parlamentarias y el jefe de Estado y cuyo principal acuerdo fue modificar la
ley del seguro sobre todo lo relacionado con el sector bananero de la localidad
de Changuinola, Bocas del Toro, zona que permanece cerrada hace un mes con
serias afectaciones a la economía.
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