Movimiento sindical en Latinoamerica condena represion del gobierno Panameño contra movimiento sindical

 

Ciudad de Panamá, 21 may (Prensa Latina)—El movimiento sindical en Latinoamérica, elevo su   voz de condena contra el gobierno panameño, por la represión contra sindicalistas y residentes en la zona de El Darien.

Dirigentes sindicales y trabajadores   de mas de 40 países y mas de 20 centrales sindicales en Latinoamérica, en forma unánime condenan la violencia estatal contra el movimiento sindical en Panamá

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas condenó la represión y la persecución que enfrentan hoy agrupaciones homólogas de Panamá, en medio de protestas contra una ley del seguro social.

La organización regional de la Confederación Sindical Internacional que agrupa a más de 55 millones de afiliados de 49 centrales de 22 países emitió un comunicado de solidaridad en el que rechazó el allanamiento de la sede del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en la provincia de Chiriquí.

También repudiaron la detención y enjuiciamiento arbitrario del dirigente de ese colectivo, Jaime Caballero, quien permanece en una cárcel de máxima seguridad.

“Este nuevo ataque se inscribe en una escalada autoritaria por parte del Gobierno panameño que, lejos de resolver los conflictos sociales, a través del diálogo democrático, responde con represión, persecución y criminalización de las protestas”, indica el documento.

Asimismo, la organización continental recuerda que atacar las instalaciones y arrestar a dirigentes es una violación flagrante de la libertad sindical, así como del derecho a la manifestación pacífica, expresado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Panamá es firmante.

Los sindicalistas exigieron poner fin a los atropellos y como acuerdo del más reciente V Congreso Continental José Pepe Mujica, celebrado en República Dominicana, solicitar a todas las organizaciones de la región y a organismos internacionales de derechos humanos a pronunciarse de forma urgente ante esta grave situación de abusos y amenazas a la democracia y el Estado de Derecho en Panamá.

La víspera, el Ejecutivo dio otro paso en la escalada de presiones contra los obreros de la construcción al ordenar el cierre de la Cooperativa de Servicios Múltiples, Suntracs, RL.

En una resolución del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) se señala que luego de una auditoría que se inició en 2022 encontraron hallazgos en la parte financiera y en las medidas de prevención de blanqueo de capitales que nunca fueron atendidas por su administración.

El descontento popular es creciente en la nación centroamericana luego del enfrentamiento reciente entre indígenas en la región de Arimae (Darién) con unidades antimotines, durante una manifestación pacífica en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

Al respecto, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), señaló que mantendrán las medidas de presión hasta que no se derogue la norma y también en repudio al memorando de entendimiento firmado con los Estados Unidos en detrimento de la soberanía nacional y la intención de reabrir la mina de cobre en Donoso (Colón).

De otra parte, el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, responsabilizó al presidente de la República, José Raúl Mulino, de la integridad física de los dirigentes encarcelados como Caballero.

Desde el pasado 23 de abril, convocada por los docentes, varios sectores forman parte de una huelga indefinida y exigen al Ejecutivo derogue la Ley 462, que permite el robo de los recursos de la CSS y privatiza sus servicios.

Una salida al clima de tensión social fue eje de conversaciones sostenidas entre jefes de bancadas parlamentarias y el jefe de Estado y cuyo principal acuerdo fue modificar la ley del seguro sobre todo lo relacionado con el sector bananero de la localidad de Changuinola, Bocas del Toro, zona que permanece cerrada hace un mes con serias afectaciones a la economía.