Residentes en el Darien y unidad antimotines chocan en Panama
Ciudad de Panamá, 20 may (Prensa Latina) El enfrentamiento violento entre indígenas en la región de Arimae (Darién) con unidades antimotines aceleró hoy en Panamá el descontento popular en rechazo a una ley sobre el seguro social.
Tras una brutal represión
policial a una manifestación pacifica en la localidad de Santa Fe, que
intentaron sofocar con gases lacrimógenos, según sus pobladores, los
participantes en la protesta privaron de libertad a una integrante del Servicio
Nacional de Fronteras, que vive en la comunidad.
En tanto, en la zona de
Jaqué, los moradores retuvieron a una aeronave de Air Panamá, suceso catalogado
por la Autoridad de Aeronáutica Civil como una violación de las regulaciones
nacionales e internacionales, al tiempo que instó a la reanudación inmediata de
las operaciones aéreas.
Mientras, la Coordinadora
Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), denunció la represión
policial que enfrentan las comarcas en sus protestas contra la Ley 462 de la
Caja de Seguro Social (CSS).
En un comunicado emitido
desde la provincia de Veraguas, ese colectivo rechazó los intentos del Gobierno
de José Raúl Mulino de callar al pueblo, que también rechaza la intención de
reabrir la mina de cobre en Donoso (Colón) y la firma de un memorándum de
entendimiento con Estados Unidos en detrimento de la soberanía nacional.
“Hemos sido testigos y
víctimas de la militarización de vías y caminos dentro de los territorios
indígenas de los hermanos Ngäbe-Buglé, Emberá Wounaan y otros, con armas de
alto calibre, uso excesivo de la fuerza, frente a un pueblo indefenso,
manteniendo algunos hermanos al borde de la muerte en los hospitales; esa
represión fue igual para niños, mujeres y hombres, por lo que no podemos estar
callados ni cruzados de brazos”, subraya el documento.
De otra parte, el secretario
general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y
Similares (Suntracs), Saúl Méndez, denunció el allanamiento arbitrario de las
oficinas de esa organización sindical en la ciudad de David (Chiriquí).
Méndez en las redes sociales
acusó al presidente de la República de intensificar la persecución para tratar
de aislar a las organizaciones populares y de ser el responsable de la
detención de Jaime Caballero, dirigente de ese colectivo en la occidental provincia,
como parte de un proceso judicial amañado en su contra.
Desde el pasado 23 de abril,
convocada por los docentes, varios sectores forman parte una huelga indefinida
y exigen al Gobierno derogar la norma que permite el robo de los recursos de la
CSS y privatiza sus servicios, aunque el Ejecutivo insista en sus beneficios,
mientras aumenta la represión policial de las protestas en todo el istmo.
Una salida al clima de
tensión social fue centro este martes de conversaciones solicitadas por jefes
de bancadas parlamentarias a Mulino en el Palacio de las Garas (sede del
Ejecutivo).
De acuerdo con la diputada
de la coalición independiente Vamos, Janine Prado, se aprovechará la ocasión
para poner de manifiesto la necesidad de abrir el diálogo con los
manifestantes, una vía negada antes por el mandatario.
Prado dijo que se estará
viendo parte del primer paso que se quiere dar para solucionar la situación en
la occidental provincia de Bocas del Toro, que mantiene cierres viales desde
hace más de 15 días, a través de un llamado a sesiones extraordinarias en la
Asamblea Nacional (parlamento).
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