Sector sindical en Panama se lanza a lucha frontal con huelga indefinida
Ciudad de Panamá, 24 may (Prensa Latina)---La semana que concluye en Panama tuvo como principal panorama la lucha frontal del sector sindical contra la represión la ley de caja social.
Miles de trabajadores panameños se han pronunciado en
contra de la represión, contra el uso excesivo de la fuerza policial.
Una huelga indefinida y
protestas populares contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), muchas
de ellas reprimidas por la Policía Nacional, signaron la semana que concluye
hoy en Panamá.
La víspera, una
multitudinaria marcha partió desde el parque Urracá, en esta capital, hacia la
Presidencia de la República, convocada por la alianza Pueblo Unido por la Vida,
para entregar un pliego de reclamos en defensa también de la democracia y los derechos
humanos.
La postura de los colectivos
tiene lugar tras el allanamiento arbitrario a locales de organizaciones
sindicales, como las de los obreros de la construcción; y la detención de
líderes de ese gremio como Jaime Caballero y Genaro López.
El secretario general de esa
agrupación, Saúl Méndez, se vio obligado a refugiarse, solicitar asilo y
recibir protección temporal en la embajada de Bolivia, debido a amenazas y
peligro para su vida, según los sindicalistas.
Como parte del panorama, el
Gobierno adelantó que evalúa decretar estado de emergencia en la occidental
provincia de Bocas del Toro, donde los trabajadores del sector bananero, su
principal sustento económico, mantienen un paro de hace cuatro semanas, pese a
que la empresa Chiquita Panamá decidió despedir a más de cuatro mil empleados.
De su parte, en un mensaje a
la nación, líderes religiosos instaron a procesos auténticos de diálogo.
«Hacemos un llamado a las
autoridades, movimientos y a todos los actores políticos y sociales para que
revisen el lenguaje con el que se dirigen al país y entre sí. El respeto, la
mesura, y la responsabilidad en la palabra y las acciones son condiciones necesarias
para construir puentes», precisa el mensaje.
Además exhortaron que se
respete el estado de derecho, se garantice el debido proceso y se evite el uso
excesivo de la fuerza que solo agrava las heridas del pueblo y enrarece el
clima nacional.
“Necesitamos procesos
auténticos de diálogo y encuentro. No es momento de imponer visiones
unilaterales ni de responder a los conflictos con violencia. Es tiempo de
escuchar el clamor del pueblo, de abrir espacios donde se dé voz a quienes no
la tienen”, remarca el comunicado firmado por Monseñor José Domingo Ulloa,
obispo Julio Murray y por Rabino Gustavo Kraselnik.
En otra parte del documento
se indica que la seguridad y el orden no pueden sostenerse a costa de la
represión, sino sobre la base de la justicia, la inclusión y la verdad.
Desde el pasado 23 de abril,
el istmo es escenario de diversas manifestaciones también en repudio a un
acuerdo suscrito en abril último por el Gobierno con Estados Unidos que atenta
contra la soberanía, estiman los activistas sociales.
Las protestas, las más
grandes desde las masivas manifestaciones de octubre y noviembre de 2023 contra
la minería metálica a cielo abierto, han obligad a diputados a solicitarle al
jefe de Estado una apertura al diálogo, vía que niega de manera constante.
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