Culpables de corrupcion administrativa tendran condena de 10 años de carcel

 

Santo Domingo.- La corrupción administrativa será sancionada con mayor severidad en la República Dominicana tras la aprobación del nuevo Código Penal, que contempla penas de hasta 10 años de prisión mayor y multas millonarias para los funcionarios públicos que autoricen pagos indebidos en contratos estatales.

Así lo establece el artículo 306 del nuevo cuerpo legal, que castiga específicamente a los servidores públicos que, con conocimiento de irregularidades o incumplimientos sustanciales, consientan o faciliten pagos por obras, bienes o servicios no entregados adecuadamente.

La disposición también extiende la responsabilidad penal al contratista privado que se beneficie de la transacción sabiendo que se violaron requisitos legales.

“Se trata de una herramienta de presión fuerte sobre la gestión pública, que busca atacar uno de los focos más sensibles de la corrupción: el uso indebido de fondos en la ejecución de contratos”, explicó el abogado penalista Francisco Álvarez. “Pero al mismo tiempo, genera un desafío interpretativo que puede derivar en consecuencias no deseadas si no se aplica con criterio técnico”, advirtió.

El experto señaló que, aunque el objetivo es cerrar grietas por donde históricamente se han desviado recursos estatales, existe el riesgo de que la medida provoque un efecto de “burocracia defensiva”, en el que los funcionarios se inhiban de autorizar pagos o ejecutar obras por temor a ser imputados penalmente.

“El término ‘incumplimiento sustancial’ es jurídicamente abierto y requiere una definición clara en la jurisprudencia para que no se confunda con simples deficiencias administrativas o retrasos operativos”, sostuvo Álvarez. “De lo contrario, se puede terminar criminalizando gestiones de buena fe o decisiones técnicas sujetas a interpretación”.

El nuevo Código también penaliza la tramitación de contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales (artículo 290) y establece un sistema de sanciones escalonadas en los artículos 284 y 285, que castigan los delitos de corrupción según el monto del beneficio económico obtenido.

Esta estructura busca responder de forma más proporcional y eficaz frente a los distintos niveles de daño al patrimonio público. Además, se incluye la figura de la coautoría penal para particulares, lo que implica que empresarios, contratistas y gestores que participen en actos irregulares también podrán enfrentar consecuencias penales directas.

Francisco Álvarez destacó que estas reformas reflejan un endurecimiento del marco jurídico frente a la corrupción, pero advirtió que su implementación exigirá capacitación técnica, mayor rigurosidad documental y reformas administrativas que respalden la seguridad jurídica de los funcionarios honestos.

“El miedo al error o al juicio posterior no puede paralizar la administración pública. Para que esta ley funcione, se necesita una cultura institucional donde se combata la corrupción sin frenar la gestión”, concluyó.