Desarrollo de una industria minera desde un gran pacto social

El desarrollo sostenible es el único camino viable; no podemos prosperar a costa del futuro”. -Ban Ki-moon, ex Secretario General de la ONU.

Su visión encaja perfectamente con el espíritu de este artículo y el llamado a un pacto social en la minería, ya que subraya que el crecimiento económico y la preservación ambiental no son metas opuestas, sino condiciones necesarias para una prosperidad real y duradera.

En la República Dominicana, hablar de minería no es simplemente hablar de excavadoras, túneles y vetas minerales. Es, sobre todo, hablar de futuro.

Como plantea Amartya Sen, el desarrollo auténtico no se mide solo en cifras de crecimiento, sino en la capacidad de las personas para expandir sus libertades y oportunidades. Una minería ética y sostenible no es un destino, es un camino que nos puede llevar a construir una nación más próspera, justa y cohesionada.

El sector privado ha asumido que avanzar hacia esta minería ética no es un acto de buena voluntad, sino una obligación estratégica y constitucional. Nuestra Carta Magna reconoce el derecho al desarrollo económico (artículo 50) y el derecho a un medio ambiente sano (artículo 66).

Lejos de ser derechos en conflicto, constituyen los dos pilares de un modelo de progreso equilibrado, como señalaba Elinor Ostrom: el éxito en la gestión de los recursos depende de reglas claras, cooperación genuina y compromiso compartido.

En este marco, la minería no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que es posible crecer respetando y fortaleciendo nuestro patrimonio natural.

Con visión de largo plazo, la minería es un motor de empleo digno, innovación tecnológica, diversificación económica y recaudación fiscal que financia infraestructura, salud y educación.

Este potencial se materializa cuando se avanza bajo principios de transparencia, participación ciudadana y responsabilidad social, asegurando que cada proyecto se traduzca en beneficios concretos para las comunidades y en un entorno ambientalmente sostenible.

Por eso, el momento que vivimos exige un gran pacto social entre gobierno, empresas y comunidades: un compromiso que establezca reglas modernas, claras y previsibles; que garantice seguridad jurídica para la inversión responsable; y que defina mecanismos efectivos para que la riqueza mineral se transforme en bienestar colectivo.

Este pacto debe cristalizarse en una nueva ley minera, robusta, alineada a estándares internacionales y capaz de armonizar el desarrollo económico con la preservación ambiental.

La visión es optimista y alcanzable: un país que convierte su riqueza mineral en riqueza social; donde la minería no sea vista como un dilema, sino como un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos.

Siguiendo el concepto de “valor compartido” de Michael Porter, cada tonelada extraída podría representar una tonelada de confianza, prosperidad y esperanza. El reto está en que no dejemos pasar esta oportunidad histórica: construir una minería que no solo extraiga minerales, sino que extraiga lo mejor de nosotros como nación.

El autor es Director Ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE)