Estudios de impacto ambiental: la ciencia que abre el diálogo entre minería, Estado y comunidades

"La economía necesita libertad para crecer, pero esa libertad solo perdura si asume sus responsabilidades sociales" (Peter Drucker).

Santo Domingo, RD.-  En el debate sobre minería y medio ambiente en la República Dominicana, hay un punto que debemos aclarar con toda franqueza: los términos de referencia (TDR) y los estudios de impacto ambiental (EIA) no son licencias para operar. No significan que una empresa pueda empezar a extraer un mineral.

Son, en realidad, la única herramienta científica y objetiva que tenemos para saber qué impacto puede tener un proyecto y cómo enfrentarlo. Y, más aún, son el punto de partida para abrir un diálogo transparente entre comunidades, autoridades y sector privado.

¿Qué nos dice la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y la Constitución de la República Dominicana?

La Ley 64-00 de Medio Ambiente establece que todo proyecto debe ser evaluado en función de su tamaño y de sus riesgos: algunos requieren un simple análisis, otros estudios completos.

"Artículo 40.- Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por sus características pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberá obtener de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecución, el permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar.

Artículo 41.- Los proyectos o actividades que requieren la presentación de una evaluación de impacto ambiental son los siguientes:

... 9) Proyectos mineros, incluyendo los de petróleo y turba; exploraciones o prospecciones, remoción de la capa vegetal y la corteza terrestre, explotaciones, construcción y operación de pozos, presas de cola, plantas procesadoras, refinerías y disposición de residuos;

10) Extracción de áridos (rocas, gravas y arenas);

11) Instalación de oleoductos, gasoductos, ductos mineros y otros análogos".

La Constitución, en sus artículos 40.15 y 74.2, ordena que ese proceso se haga con proporcionalidad y razonabilidad.

"Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

... 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.:

Artículo 74 . Principios de reglamentación e interpretación.

La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:

... 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad."

Esto significa que la seriedad de la evaluación es obligatoria, pero también debe ser justa.

El Tribunal Constitucional ha dejado claro que este equilibrio es posible con las siguientes sentencias:

- En la TC/0368/14, recordó que el país debe cumplir compromisos ambientales internacionales sin perder de vista el desarrollo sostenible.

- En la TC/0021/17, sobre Valle Nuevo, señaló que las medidas ambientales deben ser razonables y no arbitrarias.

- En la TC/0601/18, resaltó que toda regulación minera debe regirse por legalidad y seguridad jurídica.

La lección es clara: ni ambientalismo sin desarrollo, ni desarrollo sin respeto ambiental.

Algunas comunidades miran con desconfianza la minería, y no sin razón. El sector privado reconoce los pecados del pasado: proyectos en los que faltó información, donde no siempre se actuó con transparencia y donde la población sintió que no fue escuchada.

Pero también debemos reconocer lo que ha cambiado. Hoy los estudios de impacto ambiental son la principal garantía de que las cosas se hagan distinto.

Son documentos públicos, técnicos y verificables que permiten saber, antes de que un proyecto arranque, cuáles son los riesgos y qué medidas deben tomarse para proteger el agua, el aire, los suelos y la vida comunitaria.

Por eso, a las comunidades les decimos: estos estudios son su mejor arma de defensa y de diálogo. Sin ellos, se discute a ciegas; con ellos, se conversa sobre datos y no sobre rumores.

Son la única herramienta que existe para conocer, con base científica, que efectos puede tener una mina, cómo se pueden mitigar y qué beneficios se pueden compartir. Sin esos estudios es un debate fundamentado en rumores y miedos; con ellos, se construye sobre hechos y no sobre percepciones.

El compromiso del sector privado

Sabemos que sin legitimidad social no hay proyecto viable, y por eso usamos los términos de referencia y los estudios de impacto ambiental no como un trámite burocrático, sino como la base de confianza para el desarrollo compartido.

La minería moderna en la República Dominicana apuesta por la sostenibilidad, porque entiende que cuidar el medio ambiente no es un obstáculo, sino un requisito para el crecimiento, por la transparencia, porque sabe que ocultar información solo genera conflictos, y apuesta por el desarrollo económico responsable, porque reconoce que su tarea no es solo generar riqueza, sino hacerlo de una manera que beneficie también a las comunidades y al país.

El llamado a las autoridades es claro: cumplamos la ley, confiemos en la ciencia y usemos los estudios ambientales como puente de confianza.

Las autoridades deben aplicarlos con proporcionalidad, las comunidades deben verlos como garantía de transparencia y el sector privado debe seguir mostrando, con hechos, que aprendió de los errores del pasado.

Solo así hemos dejado de ser un foco de sospecha y nos hemos convertido en un motor de desarrollo económico sostenible, respetuoso del medio ambiente y comprometido con la gente.

Fuente, Diario Libre