Combate al narco'... indultando a un narco

Mirko Casale

A finales de noviembre, la Administración Federal de Aviación estadounidense advirtió de un "riesgo potencial a cualquier altitud" sobre el espacio aéreo venezolano.

El motivo sería el aumento de la actividad militar en la región, lo que no deja de resultar bastante cínico viniendo de una agencia oficial estadounidense, porque ese aumento se debe, precisamente, a las acciones armadas de EE.UU. en la zona.

Pocas horas después del anuncio, de manera sincrónica, varias aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación de vuelos hacia y desde Venezuela mientras durara el aviso.

¡Claro, las compañías aéreas, siempre velando por el interés y seguridad de sus pasajeros! Sin embargo, por poner un ejemplo, la empresa española Iberia mantuvo sus vuelos desde y hacia Tel Aviv de forma prácticamente ininterrumpida desde finales de 2023 hasta mediados de 2025, salvo momentos puntuales en que los pausó.

Y en pleno auge del genocidio israelí contra Gaza aquello sí que era un verdadero "riesgo potencial a cualquier altitud" debido "a la actividad militar en la región".

Guerra (muy) sucia contra Venezuela

Sea como sea, en Caracas percibieron la decisión de las casi diez aerolíneas que suspendieron vuelos como una forma de plegarse y apoyar la estrategia de presión y guerra psicológica de la Casa Blanca contra Venezuela y tomaron la decisión de cancelar las licencias de operación en el país para todas ellas. O, dicho en lenguaje de bolero, un muy merecido "no te vas tú, te boto yo".

Pocos días después, se comprobó –oh, sorpresa– la naturaleza política del anuncio de la agencia de aviación estadounidense cuando, todo satisfecho de sí mismo a pesar de constituir de manera objetiva una violación flagrante a la legislación internacional, Trump declaró que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad".

Claro, no es la primera vez que su gobierno viola leyes internacionales y presume públicamente de ello, para nada. De hecho, en la mayoría de ocasiones recientes el crimen se descubre porque lo declaran a la prensa sin que nadie les pregunte primero.

En la misma región caribeña, ya fueron ejecutadas sumariamente por EE.UU. más de 80 personas acusadas de narcotraficantes sin proceso judicial o pruebas de ninguna clase.

Recientemente trascendió que, en algunos de esos casos, después del bombardeo de lanchas en el Caribe, los supervivientes que se aferraban a restos de la embarcación destruida fueron rematados con un segundo ataque. Todo muy de "la mayor democracia del mundo", ya ven.

Por supuesto, no faltará quien diga que Washington está tan decidido a acabar con el narcotráfico que está dispuesto a lo que haga falta para lograrlo, así sea a costa de las legislaciones internacionales que se le interpongan.

Sin embargo, no hay que ser un experto en asuntos de narcotráfico para darse cuenta de que a la hora de trazar su estrategia, en la Casa Blanca o bien están consumiendo las sustancias que dicen combatir o bien su intención es cualquier otra que la que declaran en público.

Por un lado, porque Venezuela no es productor de drogas ni tampoco territorio de paso importante. Países aliados de EE.UU. en la región tienen un peso mucho mayor en el narcotráfico global y regional, como por ejemplo Ecuador, como principal puerto de salida sudamericano, o Panamá, tanto como parte de la ruta de paso obligado de las sustancias ilícitas hacia el norte como, sobre todo, del tránsito y lavado del dinero que genera el negocio narco.

Indulto al constructor de la 'superautopista' de la coca

Por otro lado, porque a Trump parece importarle tan poco el "qué dirán" que, en paralelo a su discurso lloroso y autocomplaciente de que durante décadas los ingenuos ciudadanos estadounidenses estaban ahí, tan tranquilos, disfrutando de su paraíso terrenal, hasta que un día llegaron migrantes latinoamericanos a obligarlos a drogarse y por eso él quiere acabar con toda esa maldad importada, no se le ocurrió mejor (o peor) idea que indultar a un sujeto encarcelado en EE.UU. tras ser condenado a 45 años de presidio por narcotraficante por la propia Justicia estadounidense.

¡Caramba! Donald Trump llega a ser presidente en la década de 1980 y hubiera sido capaz de declararle la guerra al cártel de Medellín y, al mismo tiempo, pedir un indulto para Pablo Escobar. Hablamos de Juan Orlando Hernández, quien fuera presidente de Honduras entre 2014 y 2022.

Su mandato fue muy polémico, especialmente el segundo término, surgido de unas elecciones que fueron ampliamente denunciadas como fraude electoral dentro y fuera del país. Sin embargo, el político logró completar su período a pesar de las masivas protestas en contra gracias al apoyo de Washington, que (aunque con tartamudeos) dio por bueno el resultado.

Los fiscales detallaron cómo Juan Orlando Hernández había "pavimentado una superautopista de cocaína hacia EEUU"

Sin embargo, las cosas se pusieron feas para Hernández en julio de 2021, cuando el mismo Departamento de Estado que le había otorgado legitimidad institucional pocos años antes revocó discretamente su visado estadounidense, tras surgir claros indicios de que el político habría recibido jugosos sobornos a cambio de permitir el flujo de cocaína en grandes cantidades hacia EE.UU.

El hermano de Juan Orlando y también político, Juan Antonio 'Tony' Hernández, ya había sido arrestado, juzgado y encarcelado a perpetuidad en EE.UU. por narcotráfico ligado al Cártel de Sinaloa. Como todo buen negocio familiar que se precie, los hermanitos terminaron hermanados en las buenas y en las malas cuando Juan Orlando aceptó entregarse a regañadientes a la Justicia estadounidense en 2022.

Dos años después fue condenado a casi medio siglo de prisión por tráfico de drogas por un jurado en Nueva York, tras escuchar a los fiscales detallando cómo –cito textualmente– Hernández había "pavimentado una superautopista de cocaína hacia EEUU".

Desde entonces, compartía centro de detención con otros reclusos de similar triste fama, como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Claderón en México, también condenado por narcotráfico.

No es contradicción, es política estadounidense

Como ven, más allá de la obviedad de los dobles narco-raseros de la Casa Blanca a la hora de acusar de narcotráfico a mandatarios, según les resulten incómodos o dóciles, en este caso también se da un conflicto de interés muy propio de política estadounidense.

Y es que resulta que, en 2020, Juan Orlando Hernández contrató a una empresa estadounidense para mejorar su maltrecha imagen, firma que aportó a su vez generosas contribuciones a las campañas políticas de narco, perdón, Marco Rubio, actual secretario de Estado. Una coincidencia más que sumar a todo este asunto de 'combate al narco' que termina siendo 'rescate al narco'.

Así las cosas, una vez más, lo que parecen apenas las contradicciones de un presidente imprevisible que toma decisiones a la ligera son mucho más que eso.

 Desde hace tiempo, EE.UU. no solo resulta ser el mayor consumidor de drogas mundial, sino también el mayor promotor del narcotráfico global, debido a esa demanda insaciable, combinada con sus políticas fracasadas, criminales o ambas, a la hora de 'enfrentarlo'.

Fracasos y criminalidad exacerbadas, además, por el uso políticamente interesado que, históricamente, Washington hace de ellas. Y aunque Donald Trump no esté creando esas y otras contradicciones, sin duda está logrando que se vuelvan cada vez más y más evidentes.