En el Senasa fue desarrollado un gran esquema de corrupcion

 

Santo Domingo.-El Seguro Nacional de Salud, SENASA, desembolsó más de doce mil millones de pesos a favor de empresas privadas que, en la mayoría de los casos, se habilitaron como proveedores de insumos de salud después de 2020 cuando se inició la gestión de Santiago Hazim.

La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas.

Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.

No obstante, las alertas, los cuestionados programas nutricionales de SENASA, dirigidos a escolares y envejecientes, se mantuvieron activos por tres años con un gasto ascendente a casi seis mil millones de pesos (RD$5,861,036.783).

Para comprar servicios de atención primaria de salud a empresas privadas, SENASA utilizó el modelo de pago capitado destinando un importe fijo de 130 pesos mensuales por afiliado sobre una base de 900 mil afiliados del régimen subsidiado.

En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).

Le sigue la empresa Servicios Médicos DELESTE, con 932 millones con cien mil pesos mientras que otras tres recibieron en diferente proporción valores que alcanzan los 254 millones de pesos., Se trata de las empresas UNIDICAPE, la Fundación Sanas y VivaMax.

Mientras, SENASA apenas pagaba 22 pesos por afiliado a la red pública muchas veces con retrasos.

Al producirse el ingreso de poco más de dos millones de afiliados al régimen subsidiado a finales de 2020, la ARS estableció un monto fijo por este concepto a favor del Servicio Nacional de Salud, SNS, de 75 millones de pesos mensuales.

Se replantearon acuerdos que datan de 2018 en tensas negociaciones.

Las tensiones alcanzaron su clímax en abril de 2023 cuando el SNS solicitó la mediación de SISALRIL.

El conflicto quedó registrado en las actas oficiales como un arbitraje que finalizó cuando el órgano rector de la Seguridad Social obligó a una renuente SENASA a honrar sus compromisos a favor de las unidades estatales de atención primaria, UNAP, que dispone -según las cifras oficiales- de más de mil trecientos centros distribuidos en todo el país.

Eso, al menos, dicen los papeles, pero en cambio hay indicios testimoniales de que en la práctica SENASA recortó aún más los fondos que destinaba al sector público.

Bajo escrutinio aparecen otros gastos destinados a favorecer a centros privados de salud, que se hicieron bajo el modelo de pago prospectivo con un importe fijo que, en muchos casos, no rendían informes de ejecución.

En las referidas partidas -nutrientes, atención primaria, vacunas y pagos prospectivos- se concentra la mayoría de los cuestionamientos del órgano rector durante los años en que estuvieron en vigencia los contratos, reclamos que solo fueron atendidos a mediados de 2023 cuando los millones entregados habían dejado un lastre económico que mermó la capacidad de la ARS pública para hacer frente a sus compromisos financieros.

El declive de los negocios en SENASA llegó cual si fuese un esquema Ponzi: cuando el dinero no es suficiente para mantener a todos complacidos.

En 2023 se incrementaron los reclamos de proveedores disgustados por la tardanza en recibir sus pagos que se documentó en múltiples intercambios de comunicaciones constantes entre el órgano rector y SENASA.

Para entonces los auditores de SISALRIL eran claros al señalar que SENASA estaba en riesgo de colapsar si continuaba el ritmo vigente hasta entonces.

A los reclamos de los suplidores siguieron las sanciones administrativas hasta que, finalmente, a mediados de 2023, SISALRIL ordenó finalizar los millonarios contratos de nutrición.

Los pagos a los puntos de atención primaria y otros centros privados se mantuvieron hasta el 2025 cuando estalló la crisis, se produjo una intervención con mayor drasticidad de SISALRIL y el liderazgo de SENASA fue reemplazado por el presidente de la República, Luis Abinader, que destituyó al ahora investigado Santiago Hazim, y designó como director al actuar titular Edward Guzmán.

Hemos accedido a decenas de estos informes y, dada la complejidad y alcance de la información, expondremos en sucesivas entregas los datos que evidencian una estrategia de privatización de los servicios de salud de SENASA con inversiones millonarias de cuestionada efectividad y modelos insostenibles.

Llegamos a estos datos por diversas fuentes: una buena parte de la documentación fueron entregados tras requerirlos mediante la Ley de libre acceso a la información pública, entrevistas bajo reserva con personal de SENASA.

El cobro de sobornos constituye una piedra angular del caso SENASA. Se cuenta con testimonios de suplidores que recibieron presiones de pagos irregulares incluso cuando ya era pública la investigación.