Liga Árabe condenó nueva ley israelí contra agencia de la ONU

Ramala, 31 dic (Prensa Latina)----- La Liga Árabe condenó hoy una nueva ley israelí que permite cortar el agua y la electricidad a las instalaciones propiedad u operadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa).

La organización regional afirmó en un comunicado que la normativa aprobada por la Knesset (Parlamento) representa una continuación de la legislación ilegal para prohibir el trabajo de la Unrwa en los territorios ocupados.

Esa acción representa una flagrante violación de las inmunidades y privilegios de las organizaciones de Naciones Unidas y un desafío flagrante a una reciente resolución de la Asamblea General sobre el tema, subrayó.

La Liga Árabe estimó que la iniciativa tendrá consecuencias desastrosas y socavará la capacidad de la Unrwa para llevar a cabo su mandato “de proporcionar servicios esenciales e irremplazables a los refugiados palestinos”.

Ante esa situación, llamó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades jurídicas y morales para enfrentar tales proyectos.

Este mes, las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieron en la sede de la Agencia en Jerusalén e incautaron todo el material en su interior, en medio de acusaciones del Gobierno contra la institución por su supuesto apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica y al ataque del 7 de octubre de 2023.

En respuesta, el comisionado general del organismo, Philippe Lazzarini, denunció que Israel está violando los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas al atacar la sede de la agencia.

Al intervenir en una reunión sobre refugiados en Ginebra, Lazzarini acusó a ese país de asesinar en Gaza a más de 380 miembros del personal de Unrwa en los últimos dos años.

En enero de este año, entraron en vigor dos leyes adoptadas por Israel contra la agencia, pese a las condenas internacionales.

La primera de ellas prohibió las actividades de la Unrwa dentro de “áreas bajo soberanía israelí”, incluida la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, ocupada desde la guerra de 1967.

La prohibición se extendió a la operación de oficinas de representación y la prestación de servicios, mientras que la segunda ley impide cualquier contacto de las autoridades con el organismo.

También impuso obstáculos a la negociación de la agencia con bancos israelíes, la obtención de transferencias financieras y el pago de salarios.