Ola de corrupción

Marisol Vicens Bello

La solicitud de medidas de coerción del escándalo de corrupción de Senasa, la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) del Estado dominicano, y las acusaciones que allí se describen como resultado de una investigación realizada por la Procuraduría General de la República, la cual desde ya anuncia que no están todos los implicados y que están investigando a otras personas físicas y jurídicas por lo que habrá nuevos imputados; muestran de la forma más grotesca posible hasta dónde puede llegar la avaricia, la deshonestidad, la falta de escrúpulos y de humanidad.

Aunque la histórica impunidad que ha reinado en el país llevó a algunos comunicadores a criticar la dilación de la Procuraduría, y el morbo expresado en las redes sociales señalaba que esa investigación no produciría un resultado por tratarse de un funcionario del actual gobierno, a pesar de que el presidente Luis Abinader había expresado de manera contundente que tenía “amigos, pero no cómplices”, lo cierto es que el que es abogado o conoce de investigaciones judiciales sabe que se requiere de un tiempo importante para que se pueda investigar, hilvanar los hechos, desmadejarlos e intentar probarlos, por lo que el trabajo realizado en algo menos de tres meses es encomiable.

Este terrible caso reafirma que nadie aprende en cabeza ajena, y que “perro huevero aunque le quemen el hocico”, pues para muchos era impensable que a sabiendas de que la lucha contra la corrupción fue un estandarte del partido de gobierno y del presidente, y de que este ha dado reiteradas manifestaciones de que ha separado de su lado a quienes directa o indirectamente están vinculados a casos de corrupción; algunos se atreverían a tanto, ensoberbecidos por el poder y guiados por el vicio de la codicia.

 

Si bien muchos se preguntan con razón dónde estaban la supervisión y los controles que debió ejercer el regulador, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), los que conocemos la Ley 87-01 de Seguridad Social sabemos que esta es sumamente laxa y por eso hemos reclamado la urgente necesidad de su reforma, basta leer su artículo178 para darse cuenta que ni siquiera se menciona expresamente entre sus facultades la de supervisar, inspeccionar y fiscalizar a las ARS, como sí hacen las leyes correspondientes con el Superintendente de Bancos y de Valores; y que salvo los reglamentos que se dictaron en la etapa de implementación del sistema, como el de la organización y regulación de las ARS que tampoco trata sobre esta supervisión, no se ha dictado otros para intentar suplir esta falencia.

Por más que la oposición quiera rasgarse las vestiduras aquí hay muchas culpas compartidas, pues es una irresponsabilidad que un sistema de seguridad social en el que se maneja tanto dinero, monto que ha ido creciendo exponencialmente, no se haya respetado lo que en un inicio intentó hacerse, mantener perfiles profesionales y morales de los altos cargos, siendo el tesorero ejemplo de esto, y lamentablemente estos cargos pasaron a ser parte del botín político.

Las malas prácticas del anterior Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) fueron harto conocidas, como lo son también las de un sector salud que en un considerable porcentaje se ha negado a transparentar sus operaciones en clara evasión fiscal, con acciones reñidas con la ética de cobro comisiones, de prescripción de medicamentos por prebendas y de referimientos a centros propios o de los cuales se extrae un beneficio, y de falta al juramento festinando certificados médicos, licencias, y procedimientos, todo bajo la debilidad de un ministerio de salud regulador, en algunos casos limitado por los vínculos con su clase, y en ocasiones cuna de los conflictos de interés, lo que ha normalizado malas conductas.

El astronómico costo de nuestras campañas es un caldo de cultivo para que surjan movimientos externos, que desgraciadamente en muchas ocasiones lo que buscan es montarse en una ola que los lleve al poder, para pasar factura de su apoyo a golpe de corrupción, como patéticamente se pone de manifiesto en este caso.

Es mucho lo que hay que corregir, enderezar y reformar en nuestro país, y muy doloroso constatar hasta donde se puede llegar inmisericordemente, pero saber que imputados de casos tan graves como este, y con tanto poder político, económico y relaciones al más alto nivel serán investigados y juzgados, dejando atrás años de oprobiosa protección desde la cúpula del poder, es una señal de esperanza que nos debe comprometer a seguir reclamando justicia, institucionalidad y cero impunidad, conscientes de que la lucha nunca acaba porque desgraciadamente la corrupción no se destruye, sino que se transforma.