Persisten dudas sobre el impacto agrícola real de Monte Grande


BARAHONA: La preocupación crece en el Suroeste. Aunque el Proyecto Múltiple Presa Monte Grande (PMPMG) avanza y ya garantiza mayor seguridad hídrica para la región, productores y líderes comunitarios denuncian que el rediseño del sistema de riego podría reducir drásticamente el alcance agrícola previsto.

El dirigente campesino Manuel Pérez, conocido como “Manuel Lemba”, explicó en el programa A Media Mañana que las informaciones no oficiales generan alarma porque apuntan a un proyecto con menos alcance del prometido.

La presa, inaugurada en dos actos, mantiene un volumen de agua importante, reforzado tras las lluvias de la tormenta Melissa. Para Lemba, esa capacidad garantiza agua potable a través del Acueducto Regional del Suroeste (Asuro) y también permite sostener un gran sistema de riego agrícola.

Actualmente, unas 650 mil tareas dependen del caudal del Yaque del Sur y funcionan con grandes limitaciones.

El diseño original contemplaba: eficientizar 300 mil tareas, incorporar 400 mil tareas nuevas a la producción, esquema que prometía una expansión agrícola histórica para el Suroeste.

Según Lemba, la reingeniería en curso solo incluiría un canal principal, lo que dejaría fuera a comunidades que contaban con el proyecto: Canoa, Pescadería, Jaquimeyes, Palo Alto, Fundación y Habanero

Además, el rediseño eliminaría el canal lateral norte, necesario para irrigar a: Vuelta Grande, Tamayo, así como los Proyectos AC-613 y AC-614.

Si este escenario se confirma, el impacto agrícola caerá a solo un 30 % de lo que el Estado prometió.

Lemba también expresó preocupación por la exclusión de zonas con alta vocación agrícola, como San Ramón (Tamayo) y El Salado (Galván), ambas en Bahoruco.

El productor recordó que el Estado concibió Monte Grande como un motor para frenar la migración rural, otorgar tierras productivas a los jóvenes y dinamizar la economía de comunidades como:

Vuelta Grande, Conuquito, San Ramón, Honduras, Monte Grande, pero ese beneficio social, afirma, corre peligro si el rediseño reduce el alcance del riego.

El campesinado insiste en una queja central: el INDRHI no presenta información oficial sobre el nuevo diseño del proyecto.

Los encuentros con la institución solo han abordado la situación de las comunidades impactadas por el muro de la presa: La Meseta, Los Güiros, San Simón y Monte Grande.

En esas localidades, unas 390 familias perdieron sus tierras y ahora exigen reubicación y compensaciones, mientras tanto, los productores de agua abajo piden claridad.

“Queremos saber qué se va a hacer, hasta dónde llegarán los canales y cuál será el verdadero impacto del proyecto”, expresó Lemba.

Para las organizaciones campesinas, la prioridad radica en que el Estado garantice que la inversión en Monte Grande cumpla su objetivo principal: ampliar la frontera agrícola, mejorar el riego y generar desarrollo sostenible para todo el Suroeste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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