Si no hay consenso entre trabajadores y empresarios congreso impondria reforma laboral

Santo Domingo--------El proyecto de la reforma laboral quedó una vez más frenado por la falta de consenso entre empresarios y trabajadores en algunos de sus artículos.

Si los sectores involucrados con el cambio al Código de Trabajo no logran dirimir sus diferencias, el Congreso estaría imponiendo su facultad legislativa para votar por la pieza aún sin los acuerdos esperados.

Así lo reveló ayer el presidente de la comisión permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, Mélido Mercedes, quien enfatizó que la reforma laboral será la mayor prioridad a partir del 27 de febrero y que se aprobará aún con diferencias.

Advirtió que, si no se alcanzan acuerdos entre los sectores involucrados, la Cámara de Diputados tomará una decisión y procederá a aprobar la reforma, aun cuando eso genere tensiones con el sector empresarial.

No obstante, expresó su deseo de que el proceso concluya con consensos, aunque reiteró que la falta de acuerdos no detendrá la aprobación del proyecto.

El legislador rechazó que la paralización del proyecto obedeciera a presiones del sector empresarial y aseguró que la decisión de posponer su conocimiento fue adoptada de manera consensuada por la directiva de la Cámara de Diputados y los voceros de los distintos bloques legislativos.

Explicó que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo reuniones tanto con los representantes de las bancadas en las que se informó que la reforma laboral sería conocida en la próxima legislatura, una decisión con la que estuvieron de acuerdo los miembros de la comisión que dirige.

Mercedes sostuvo que, pese a la postergación, el Congreso avanzó de manera significativa en el estudio del proyecto, logrando consensuar más del 90 % de su contenido.

En ese sentido, detalló que solo restan alrededor 15 artículos por conocer, los cuales fueron diferidos principalmente por diferencias de redacción y no por desacuerdos de fondo.

Asimismo, indicó que, durante el proceso, algunos diputados mantuvieron iniciativas propias, lo que llevó posteriormente a que los voceros de los bloques retiraran dichas propuestas. No obstante, precisó que la comisión de Trabajo continúa apoderada de tres iniciativas de reforma al Código de Trabajo: la remitida por el Senado, la presentada por la diputada Carmen Ligia Barceló y otra sometida por el diputado Adelso de Jesús.

Ante la percepción de que los disensos aumentaron, especialmente en torno al tema de la cesantía, el presidente de la comisión negó que las diferencias se hayan profundizado.

Aseguró que los artículos pendientes no representan obstáculos sustanciales y que, en muchos casos, las discusiones responden a detalles técnicos de redacción que pueden alterar el sentido de las disposiciones.

En ese sentido, reiteró que la cesantía no será tocada en el proceso de reforma y afirmó que existe una posición firme tanto de la comisión como de la presidencia de la Cámara de Diputados en defensa de ese derecho.

Subrayó que no está de acuerdo con que se modifique la cesantía ni ningún otro aspecto que afecte derechos adquiridos de los trabajadores, los cuales calificó como conquistas históricas de la clase laboral dominicana.

Mercedes confirmó que la reforma laboral será priorizada a partir del 27 de febrero, cuando inicie la nueva legislatura, tal como lo anunció el presidente de la Cámara.

Indicó que, aunque se espera que empresarios y trabajadores logren consensos en los puntos pendientes, el Congreso deberá asumir su responsabilidad constitucional de legislar.

Aunque el proyecto de modificación al Código de Trabajo lleva más de un año dando vueltas en el Congreso, su avance parece más lento que otros proyectos que se mueven en el Congreso.

La cesantía, que es un beneficio que se paga a los trabajadores cuando son despedidos sin una causa justificada, no fue un tema abordado en el proyecto de reforma que impulsó el Gobierno en octubre del 2024.

Sin embargo, varios representantes del sector empresarial han insistido en que la reforma laboral estaría incompleta si el Congreso no evalúa otras formas de pagar ese beneficio a los empleados, por lo que propusieron más debates y consensos antes de aprobar los cambios al Código de Trabajo.