Ministerio Público apelará fallo que favorece a implicados en caso Calamar

 

SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció que el Ministerio Público apelará la decisión emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que otorgó auto de no ha lugar a varios de los principales imputados en el denominado caso Calamar, entre ellos los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.

Camacho sostuvo que el órgano acusador no comparte los fundamentos de la decisión judicial y adelantó que ejercerá los recursos legales correspondientes ante una instancia superior, al considerar que existen suficientes elementos probatorios para que los acusados enfrenten un juicio de fondo.

“El Ministerio Público apelará esta decisión porque entiende que las pruebas aportadas durante la fase preparatoria son más que suficientes para sustentar la acusación presentada”, expresó el procurador adjunto al referirse al fallo.

La decisión fue emitida por la jueza Altagracia Ramírez, quien acogió varios incidentes planteados por las defensas y dispuso el no ha lugar en favor de algunos de los principales encartados, mientras que otros imputados sí fueron enviados a juicio.

El caso Calamar constituye uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más voluminosos y complejos sometidos por el Ministerio Público en los últimos años.

La acusación sostiene que una supuesta red de exfuncionarios y particulares habría utilizado instituciones del Estado para desviar miles de millones de pesos mediante pagos irregulares, expropiaciones simuladas y financiamiento de actividades políticas durante la pasada administración gubernamental.

Entre los acusados figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; y el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, quienes han rechazado las imputaciones y sostienen que las acusaciones carecen de fundamento.

La investigación del Ministerio Público señala que la presunta estructura habría operado entre 2012 y 2020, utilizando recursos públicos para beneficiar intereses particulares y políticos.

Los fiscales atribuyen a los imputados delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, lavado de activos y financiamiento ilícito de actividades partidarias.

La decisión judicial ha generado amplio debate en sectores jurídicos y políticos, debido a la magnitud de las acusaciones y a la relevancia de los exfuncionarios involucrados. Con la apelación anunciada por la Pepca, el proceso continuará en una instancia superior, que deberá revisar los argumentos de las partes y determinar si procede o no la apertura de un juicio de fondo.

El Ministerio Público ha reiterado que mantendrá su estrategia de persecución de los delitos de corrupción administrativa y que agotará todas las vías legales para procurar que los hechos investigados sean conocidos en los tribunales.