Un nuevo contrato social

 

Orlando Jorge Villegas

Coincidencia histórica o no, los gobiernos del PRD y del PRM han representado períodos de transición política y, en muchos casos, de redefinición de contratos sociales en la República Dominicana. El gobierno de Juan Bosch en 1963 intentó impulsar cambios profundos que fueron rechazados por élites tradicionales —empresariado, militares e Iglesia— aún influenciadas por el trujillismo.

Los ocho años del PRD (1978-1986) ampliaron las libertades públicas y estimularon nuevos sectores económicos que hoy sostienen gran parte de nuestra sociedad.

El regreso de Balaguer en 1986 encontró un país distinto al que había moldeado: el autoritarismo represivo ya no era viable, mientras el turismo y las zonas francas comenzaban a consolidarse como pilares económicos.

La crisis de Baninter, gestada durante años pero enfrentada en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), transformó el sistema bancario y redefinió la relación entre usuarios e instituciones financieras. Asimismo, la Ley 87-01 creó el sistema de seguridad social, alterando de forma estructural dinámicas sociales clave.

La llegada del PRM al poder en 2020, encabezado por Luis Abinader, se produce en un contexto global complejo. El primer cuatrienio estuvo marcado por la recuperación tras la pandemia del covid-19, junto a crisis externas como la guerra entre Rusia y Ucrania.

Paralelamente, la sociedad dominicana experimentó cambios significativos en su dinámica informativa: mayor acceso a información, auge de redes sociales y proliferación de comunicadores e influencers que moldean narrativas, muchas veces alejadas de los datos objetivos.

Algunos sostienen que estas herramientas digitales fueron utilizadas políticamente para alcanzar el poder. Sin embargo, en el período 2016-2020, las críticas digitales tenían menor impacto y persistía un fuerte control de los medios tradicionales. La expansión de lo digital se consolida precisamente entre 2020 y 2024.

Hoy, la sociedad dominicana está inmersa en una lucha de narrativas. Este fenómeno revela una realidad más profunda: estamos ante la construcción de un nuevo contrato social.

Las reformas impulsadas por el gobierno, como la del Código Penal, buscan actualizar un marco institucional rezagado. Sin embargo, todo cambio genera resistencia, especialmente amplificada por el ruido mediático.

El desafío consiste en navegar ese ruido sin permitir que distorsione los resultados. Escucharlo es necesario, pero distinguirlo es imprescindible. De lo contrario, se corre el riesgo de erosionar la confianza pública.