La participación ciudadana

Félix Bautista
El concepto de ciudadanía ha pasado por fases evolutivas en las que, históricamente, ha alcanzado su definición: los ciudadanos son nacionales de un país con derecho a otros derechos y libertades: derechos civiles y políticos (Primera Generación); derechos económicos y sociales (Segunda Generación); y derechos colectivos o difusos, (Tercera Generación), que trascienden el contorno territorial y se convierten en reclamos transnacionales que impactan a la humanidad.
Este enfoque evolutivo ya se torna conservador; otras propuestas plantean clasificaciones adicionales de los derechos humanos, especialmente relacionadas con el avance de las tecnologías de la información, uso de las redes sociales y la bioética, entre otros temas.
Las democracias representativas constituyen el orden político que impera en casi todos los países del mundo, y se fundamentan en la soberanía popular.
Una democracia efectiva demanda la interacción con los ciudadanos, de manera que mas allá del ejercicio electoral, se disponga de mecanismos que le permitan ser parte integral de los procesos políticos, sociales, culturales y económicos de su país.
Así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
Y esta concepción es de una importancia tal que en las constituciones de muchos países, incluido el nuestro, declaran y reconocen la nación como “Estados Sociales y Democráticos de Derecho”, incorporando distintos instrumentos de participación ciudadana, tales como Alemania (1949), Francia (1958), España (1978), Brasil (1988), Colombia (1991), Honduras (1992), Paraguay (1992), Perú (1993), Ecuador (2008), República Dominicana (2010). Es decir, el ciudadano activo exige convertirse en actor del proceso y demanda dejar atrás ser un mero espectador. Para ello requiere conocer los procesos e instrumentos que permiten hacer efectiva su integración.
En este sentido, la Constitución de la República en su artículo 22, plantea una amplia carta de derechos de ciudadanía que antes se limitaban al derecho de elegir y ser elegido (ciudadano electoral).
Ahora, y en virtud del texto constitucional, los dominicanos tienen mayores posibilidades de incidencia en la vida estatal, pudiendo proponer iniciativas, ser consultados o propiciar consultas, informarse, colaborar en la gestión de recursos, concertar soluciones, vigilar el cumplimiento de decisiones y fi scalizar el accionar general de los representantes del Estado; en defi nitiva, servir de contrapeso adicional a los poderes que integran el Estado, ejerciendo un verdadero control social.
La importancia de esta práctica quedó reconocida en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) como una de sus políticas transversales al decir de su artículo 15: “Participación Social.- Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fl uidez en las relaciones Estado-sociedad”.¨
Esta necesidad quedó igualmente plasmada en la END-2030 en el Objetivo General 1.3 sobre “Democracia Participativa y Ciudadanía Responsable”, cuya primera línea de acción es ”establecer una Ley de participación social, con criterios de afirmación positiva para grupos tradicionalmente excluidos, que garantice a la población la canalización de sus necesidades, demandas y propuestas a las instancias correspondientes”; y esta demanda ha sido reconocida por juristas como Cristóbal Rodríguez Gómez, quien ha establecido claramente que “reconocer la potestad ciudadana de control y fiscalización podría convertirse en un instrumento extra-poder que actúe como mecanismo de presión para romper la inercia y obligar a la activación y efectiva vigencia de la vigilancia recíproca.
Para ello será necesario que el legislador produzca una Ley que potencie y robustezca el rol de la ciudadanía en un tema de tanta trascendencia.” Respondiendo a esta y otras posiciones similares que demandan una legislación al respecto, hemos trabajado un proyecto de Ley Orgánica sobre los Derechos de Participación Ciudadana, que nace con el espíritu de dotar a la ciudadanía de los mecanismos necesarios para hacer valer sus derechos como verdadera soberana del Estado.
Tal y como se establece en el proyecto, el objetivo esencial de éste es “regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana establecidos por la Constitución de la República y que contribuyen al fortalecimiento de la democracia participativa y representativa” que rompa con los esquemas de un sistema exclusivamente representativo basado sólo en el ejercicio del sufragio.
Esta legislación situaría a República Dominicana a la par de otros países de la región como México, Colombia, Nicaragua, Perú y Ecuador, en los cuales ya existen leyes sobre participación ciudadana.
El proyecto operativiza los derechos de ciudadanía haciéndolos verdaderamente aplicables por la población en general, desarrollando legislativamente los establecidos en la Carta Magna (referendos, plebiscitos, denuncia de faltas, derecho de petición, rendición de cuentas, etc.), reconociendo y reafirmando derechos de ciudadanía establecidos en otras legislaciones nacionales (mecanismos directos de participación local, consignados en la Ley 176-07, ley sobre el Distrito Nacional y los Municipios; derechos de acceso a la información, consagrados en la Ley 200-04) y dotando de base legal otros mecanismos de participación novedosos como las veedurías ciudadanas, comisiones de auditoría social, observatorios estatales y ciudadanos, etc.
Dice Alejandro Gándara, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que “la diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla”. Esta autodeterminación nos llevará a una auténtica democracia.