Seguridad ciudadana

Por Félix Bautista

La construcción de una cultura de paz es un paso fundamental para asegurar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, dentro de un ambiente sin violencia.

Las diversas expresiones culturales y religiosas, la historia de los pueblos y nuestras vidas personales están conectadas a un destino común, de forma tal que nuestro modo de proceder dependen el uno del otro.

Esta interacción exige el cumplimiento de los deberes y derechos individuales y colectivos, dentro de un marco institucional que los garantice.  Esta es la aseveración que hace Fernando Carrión Mena, coordinador del Programa de Estudios FLACSO, sede Ecuador, cuando expone que: “La seguridad ciudadana se refiere a la necesidad de mantener y potenciar las relaciones interpersonales en el marco de la ley y la cultura, expresadas en el respeto al derecho ajeno bajo la norma establecida [Ö]”.

Para lograr un clima de convivencia pacífica, las acciones del Estado deben combinar políticas públicas que fomenten la prevención y fortalezcan la parte sancionadora; sin embargo, la tendencia globalizada debe ser la de crear un sistema que combine los elementos esenciales que permitan lograr la seguridad y convivencia ciudadanas, mediante el diseño y ejecución de herramientas de políticas públicas, fundamentadas en un enfoque multilateral, en la que interactúen los modelos formativos, preventivos y represivos.

Esto es importante tomarlo en consideración para que el Estado procure potenciar los factores que desarrollan una convivencia pacífica, articulando aquellos planes, programas y proyectos que creen una cultura de paz; esto no significa solamente ausencia de violencia, sino la formación integral del ciudadano, sustentada en valores cívicos que actúen como impulsadores de los cambios sociales estructurales que demanda la sociedad de hoy.

Lo anterior se dimensiona cuando escuchamos declaraciones como las hechas por el general de brigada, Ing. Boris Carlos Goico Campagna, director Central de la Policía Judicial especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, de la Policía Nacional, con relación a las siguientes estadísticas: En el año 2012, la Policía Nacional apresó a 867 menores de edad por la comisión de delitos. De estos, 338 fueron casos de robo, 250 fueron por de drogas, 159 por agresión, 69 casos por homicidio y 51 por violaciones sexuales; de todos ellos, un 88% de los delitos fueron cometidos por niños y un 12% por niñas.

De igual forma resaltó el General de Brigada, que en muchos casos los niños provienen de familias con padres que tienen un historial delictivo y asumen esa conducta como la única vía de subsistencia, replicando modelos de conductas abusivas del entorno familiar. Se crea una especie de círculo vicioso que involucra y lacera a toda la familia.

Es precisamente esta idea del delito como modo de vida, que lleva al ya mencionado coordinador de FLACSO, Carrión Mena, a razonar de la siguiente manera: “Si la motivación del delito es económica o política, ¿por qué no afrontarla en esos ámbitos? De igual manera, ¿por qué criminalizar la pobreza en sus distintas versiones [Ö] de la falta de empleo o de la polarización social que llevan a la estigmatización del delito popular?”

La inseguridad ciudadana tiene un componente socio-económico. La mayoría de los delitos son cometidos por personas de escasos recursos con reducidos niveles de educación. Combatirla debe tocar raíces y cimientos que solo se traspasan con el ingreso a medios de producción y a un sistema educativo integral,  que propicien las transformaciones sociales y ciudadanas.

La educación forma ciudadanos, promueve la paz y nos permite entender que el desarrollo solo se logra transformando las mentes de los ciudadanos en imperios de conocimientos.

En este sentido, saludamos y apoyamos la iniciativa del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, que el gobierno, los legisladores y la sociedad en sentido general dieran inicio el pasado lunes,  para enseñar a leer y escribir a más de 700 mil dominicanos en dos años, con la esperanza de que el 8 de septiembre de 2014, la UNESCO declare el país “libre de analfabetismo”.  

Esto es importante como una forma de afrontar el tema de la pobreza extrema (y por aproximación, el tema de la seguridad ciudadana) desde una óptica distinta a los medios tradicionales.

Así lo plantea la Constitución, en el artículo 63, relativo a la Educación: “ÖSon obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especialesÖ; también, lo propio lo estipula la END-2030, en el Segundo Eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades, Línea de Acción 2.3.2.2, que dispone: “Ampliar la cobertura de los programas de alfabetización de adultos hasta lograr la erradicación del analfabetismo”.

El incremento de la inseguridad ciudadana, en cualquier nación, genera impactos negativos en el desarrollo económico e incrementa los gastos del gobierno en lo relativo a los gastos institucionales, ámbito judicial (legales, judiciales, policiales, en salud, entre otros).

Un estudio realizado en el año 2009 por Carlos Acevedo, miembro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, estableció que los costos de la violencia criminal en El Salvador alcanzaron el 10,9% del PIB de ese país; mientras que Jorge Lavarreda, determinó que los costos de la violencia en Guatemala significaron el 7,7% del PIB en su país,  en el año 2006.

En definitiva, la seguridad ciudadana es un asunto de principios, valores, derechos y deberes individuales y colectivos; es una decisión de diseño y ejecución de políticas públicas y de asignación de presupuesto; es educación en valores; es represión, pero también profilaxis, prevención y civilidad, en fin, es una responsabilidad de los Estados y de toda la sociedad, para que en una combinación de esfuerzos se alcance el progreso económico y social, en un ambiente de paz. Si se reducen los niveles de violencia, tendremos una sociedad más segura y armónica.