¿Criminalizar las protestas?

Por ANULFO MATEO PÉREZ

El aparato mediático del gobierno, constituido por una extensa red de “bocinas” pagadas y un centro de dirección estratégica, ha montado una campaña para caricaturizar las legítimas demandas de los opositores que procuran que se transparente todo lo ocurrido durante los pasados comicios del 15 de mayo.

Y cuando me refiero a que se “transparente todo”, es porque una gran parte de los tejemanejes fraudulentos han estado expuestos con claridad, así como el contubernio de la JCE y el TSE para ignorarlos.

Es un derecho constitucional el ejercicio de resistencia opositora frente a la farsa electoral y a la abusiva intervención del gobierno para imponer la reelección presidencial y del funcionariado oficialista.

Frente a ello, la movilización de los indignados es una vía legítima para anular los pasados comicios, estructurar una JCE y altas cortes independientes, así como la celebración de nuevas elecciones en el país.

Para enfrentar esas cívicas protestas de los diversos sectores opositores, el gobierno ha elaborado el ominoso “Plan Hurón”, que ejecutan los cuerpos armados y organismos de inteligencia del Estado.

Ese plan represivo se articula con la manipulación mediática, que procura intimidar a la población, aislar a sus dirigentes y desactivar las justas demandas contra el engaño del pasado 15 de mayo.

Por lo visto, esta dictadura institucional se propone criminalizar las protestas pacíficas, consciente de que las demostraciones masivas podrían revertir los resultados ilegítimos de las pasadas elecciones.

El cínico discurso del presidente de la JCE, Roberto Rosario, validando el fraude de los pasados comicios, reafirma la convicción de que tomar las calles es la vía expedita para que se respete la voluntad popular.